Neuquen.- En el marco del primer encuentro del año, la diputada del MPN y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (H), Lorena Abdala, planteó como metodología de trabajo trasladar las reuniones de la comisión a distintos puntos de la provincia vinculados con las temáticas a abordar. “Más allá de la actividad territorial que cada uno a título personal pueda llevar adelante, creo que es importante que institucionalmente achiquemos las distancias entre la Legislatura y la gente, constituyendo la comisión en territorio, tratando los temas en el lugar en el que suceden y fortaleciendo nuestro vínculo con los vecinos, las vecinas y los gobiernos locales”, explicó Abdala.
La legisladora del MPN señaló que, si bien en 2020 la opción de tener contacto cara a cara con la ciudadanía se vio limitada producto de la pandemia, la incorporación de la participación remota hizo posible que “pudiéramos contar con la presencia de representantes de organizaciones, instituciones, y emprendedores distintos puntos de la provincia que, tal vez, de otra manera no hubiesen podido llegar hasta la Legislatura para ser escuchados por esta comisión”. En este sentido, indicó que “ahora que las posibilidades de transitar por la provincia son otras, tomando todos los cuidados necesarios, es tiempo de que seamos nosotros los que nos acerquemos a escuchar a la gente en su lugar”.
En otro orden, la comisión inició el tratamiento de la iniciativa impulsada por el Bloque del MPN que establece la reducción progresiva de la utilización de plásticos de un solo uso en la provincia, hasta llegar a su prohibición en enero de 2022. “Apuntamos a que se generen mecanismos que promuevan la reducción y sustitución de estos materiales descartables, sumados a campañas de concientización y capacitación. Fijar una fecha límite implica plantear un horizonte claro, porque no es un tema que podamos seguir postergando”, opinó la presidenta de la comisión. Además, los diputados y diputadas emitieron despacho de adhesión a la Ley Yolanda, cuyo objetivo es garantizar la formación integral en ambiente de las funcionarias y los funcionarios públicos, en busca de que el enfoque del desarrollo sostenible atraviese el diseño, la planificación y la implementación de todas las políticas públicas.