Una vez más, la situación de la comunidad mapuche Paichil Antriao en la zona del cerro Belvedere, en Villa La Angostura, demandó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Semanas atrás, el organismo internacional le hizo saber al Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Felipe Sola que investiga una denuncia de esa comunidad que fue reconocida por el estado argentino en 2007.

En la presentación que hizo Luis Sanchez, de la Asociación Gremial de Abogados, plantea que la Lof Paichil Antriao se encuentra en “una compleja situación de hostigamiento y violencia institucional que irroga no solo el mantenimiento de las medidas cautelares oportunamente concedidas por ese organismo internacional sino que las mismas se amplían al resguardo territorial que la comunidad mapuche lleva adelante en defensa de su territorio ancestral”.

El huerquen de la comunidad, Lorenzo Loncon, recordó que Paichil y Antriao fueron baqueanos de la zona. “Antriao tenía el único bote que había para cruzar el río Correntoso y Paichil tenía los caballos. Sin ellos, hubiera imposible hacer la demarcación de límites” de la cordillera.

“Tenemos el título del lote 9 en 1902, entregado por el mismísimo presidente Julio Argentino Roca. Lo cierto es que en ese tiempo, el predio era inaccesible, no había caminos y la tierra tenía otro valor al que tiene hoy”, explicó en relación al lote pastoril de 625 hectáreas que abarcaba el cerro Belvedere, la costa del lago Correntoso y Nahuel Huapi. Indicó que “hoy solo nos quedan 130 hectáreas; el resto fue ocupado por la misma ciudad de La Angostura“.

La presentación ante la CIDH recalca que el estado “criminaliza” a los miembros mapuches por llevar adelante acciones culturales en defensa y saneamiento de su territorio “frente al daño ambiental y cultural realizado por empresarios inescrupulosos con la aquiescencia del estado sobre su territorio ancestral”.

Sanchez relató que “todo esto se suscitó cuando la comunidad pidió resguardo territorial para que no se siga desmontando el bosque y detener el estrago ambiental que llevaba adelante el Fideicomiso Lago Correntoso. En ese momento, el representante legal inició una denuncia por usurpación”.

Recordó que el lugar “se llenó de policías” y decidió interponer un habeas corpus preventivo. “Acordamos sacar a la policía del lugar pero de repente, una patota contratada golpeó a los integrantes de la comunidad. El 13 de junio de 2018, el cuidador de (Emanuel) Ginobili hizo una denuncia por usurpación y a la vez, el huerquen de la comunidad denunció el ataque”, planteó.

El abogado justificó su pedido de intervención a la Comisión Interamericana, argumentando que la comunidad está en su territorio que ya fue públicamente reconocido. “Llevan adelante su actividad de proteger el bosque y los criminalizan, los golpean y siguen siendo criminalizados. La corte vio una situación cada vez más conflictiva en cerro Belvedere”, expresó.

Sanchez hizo hincapié en que la CIDH interviene cuando ya se han agotado “las vías internas, salvo que se demuestren situaciones en las que se vulneran tratados internacionales suscriptos“.

La intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanas podría derivar en recomendaciones al estado argentino o bien eventuales sanciones al país como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“La participación del organismo internacional implica un reconocimiento del territorio ancestral y esto es importante porque los jueces civiles son renuentes a reconocerlo. Hacen estudios de tratos, de contratos, de títulos sin tomar en cuenta que se trata de un territorio de una comunidad mapuche”, señaló.

Fuente: diario Rio Negro