Otro de los discursos que enarbolan algunos grupos mapuches es la defensa del medioambiente, oponiéndose a todos los proyectos desarrollistas que suponen una alteración del hábitat. Dado el descuido tradicional por los daños medioambientales, no se puede cuestionar el derecho al reclamo razonable de las personas preocupadas honestamente por los problemas de esta índole. Pero es necesario saber también que hay un uso instrumental de esas preocupaciones. Como se ha reconocido en una publicación afín a la causa mapuche, “la incorporación de los principios del ecologismo fortifica y legitima los argumentos de la población mapuche en pro de la recuperación de sus territorios históricos al denunciar los efectos contaminantes de las empresas madereras, hidroeléctricas, mineras, etc, en una estrategia que permite, además, sumar un impacto positivo y mayores adhesiones en el plano internacional”.
En el caso de Chile, se generó un conflicto por la construcción de varias represas en el Alto Bío-Bío, obra encarada por la empresa española Endesa. Se alegaba que se había obligado al desalojo de cien comunidades pehuenches. En el caso de Argentina, se han emprendido acciones contra la firma Benetton, supuestamente poseedora de 900.000 hectáreas en la Patagonia. Para los mapuches se trataría de un caso de “reafirmación étnica y defensa territorial frente a los avances del capitalismo transnacional”.
El problema mayor se presenta actualmente por la oposición al uso de la tecnología del fracking en la explotación de recursos no convencionales de hidrocarburos y los daños que viene dejando la explotación tradicional. Una ONG estadounidense, denominada Primeros Pueblos en el Mundo, tiene hecho un relevamiento de las empresas mineras y petroleras situadas en territorios indígenas. Según ese estudio, el 39% del gas y el petróleo que producen esas compañías multinacionales está en territorio indígena. Por su parte, la Confederación Mapuche de Neuquén contabilizó 29 comunidades mapuches que viven sobre la formación Vaca Muerta.
Estas comunidades se amparan en el artículo 15.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que establece una suerte de derecho de consulta a favor de los pueblos originarios previo al inicio de la exploración o explotación de recursos minerales o subterráneos. La disposición dice lo siguiente: “En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en la tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en las tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”.
Con motivo de la conmemoración del 12 de Octubre –”último día de la libertad”, según las organizaciones indigenistas– este año se reunieron en Buenos Aires las representaciones de varias organizaciones convocadas por el Consejo Plurinacional Indígena y la Mesa de Pueblos Originarios. Los documentos emitidos revelan una clara oposición a las políticas desarrollistas.
Bajo la consigna “defensa de la vida, el agua y los territorios”, denunciaron “las políticas de desarrollo extractivista y agroexportador” que han provocado “el saqueo, la explotación y avasallamientos de nuestros territorios ancestrales, rifados entre grandes terratenientes, monopolios extranjeros y amigos y familias del poder”.
Fuente: Diario Rio Negro
