DANIELA MOHOR W. Ataques incendiarios, sueldos bajos, malas condiciones de vida. A pesar de contar con un 21% de áreas protegidas terrestres, Chile solo dispone de 500 guardaparques y no cuenta con los recursos necesarios para garantizar una adecuada protección de esos espacios

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Prefiere no dar su identidad, por temor. A los 54 años, Francisco (el nombre fue cambiado), guardaparque en la región de la Araucanía en Chile, dice que nunca en su vida, antes de mediados de noviembre pasado, había sentido tanto terror. En esa fecha, una noche, fue víctima de un ataque violento mientras trabajaba en un parque nacional de esa región marcada por el conflicto territorial de las comunidades mapuches con el Estado chileno. “No había sentido tan cerca la muerte como en este episodio”, cuenta tras explicar que prefiere mantener el anonimato porque ha recibido amenazas.https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.549.0_en.html#goog_184071099625.3KAsí fue el motín en Ciudad Juárez que dejó al menos 17 muertos | EL PAÍS

El ataque fue rápido: en poco más de diez minutos, entre ocho y diez hombres armados entraron a la casa en la que se quedaba con un compañero mientras estaban de turno. Los encañonaron, se llevaron lo que les servía y destruyeron el resto. Antes de irse les entregaron un lienzo con un mensaje político, les dijeron que conocían a sus familias y luego quemaron la totalidad de las instalaciones que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) – la entidad chilena a cargo de administrar las áreas silvestres y la política forestal – tenía en ese sector, incluyendo la casa y la camioneta con la que Francisco y su colega trabajaban. Ese no fue el único ataque incendiario. En el marco de unos días, se dieron varios en los parques de la zona.

Esta crisis de seguridad sin precedentes en los parques chilenos, el aumento de los incendios debidos al cambio climático y el repunte del turismo tras la pandemia han generado una tormenta perfecta para la protección de las áreas silvestres del país. En noviembre, antes de los ataques, los guardaparques del Parque Nacional Torres Paine, en la Patagonia, iniciaron un paro de 20 días que se extendió a otras regiones. La iniciativa llevó al cierre temporal de 40 de los 106 parques, reservas y monumentos naturales del país, dejó a miles de turistas sin poder visitarlos y reveló los graves problemas que enfrenta Chile en el cuidado de sus áreas protegidas.

Falta de personal, sueldos bajos, condiciones de alojamiento y de alimentación insuficientes, y nula capacitación son algunas de las denuncias de los guardaparques, pero expertos y autoridades locales hablan de un problema estructural de gestión que va más allá de la simple necesidad de responder a esas demandas.

“La situación de los guardaparques es la punta del iceberg, pero el sistema tiene complejidades de gestión que si no se resuelven van a seguir existiendo”, dice César Guala, director de Austral Patagonia, un programa de la Universidad Austral de Chile que busca mejorar la conservación en la Patagonia. A lo que Rodrigo Catalán, director de conservación de WWF Chile, agrega: “Chile es conocido por su capital natural. Tiene un liderazgo internacional por contar con el 42% de su mar y el 21% de su tierra protegidos, pero eso tiene que existir más allá del mapa”

Parques de papel

Cuando comenzó a trabajar en Torres del Paine, en 2005, la guardaparque Mónica Quinchaman recuerda que eran 32. Hoy, aunque este lugar atrae cada vez más turistas, son solo 27. Cada año la Conaf contrata a más trabajadores para la temporada alta. Aun así, la ayuda es insuficiente, y este año la situación se agravó porque la Conaf no pudo llenar todos los cupos extra. Los trabajadores no tardaron en expresar su hartazgo.

“En vez de ir aumentando hemos ido bajando en número, pero el trabajo es cada vez mayor. Tenemos una sobrecarga laboral importante, hay muchos guardaparques cansados y estresados. Por eso se decidió ir a paro”, señala Quinchaman, quien es representante del cuerpo de guardaparques de Torres del Paine.

La escasez de personal es evidente. Cesar Bastías, guardaparque en los Saltos de Petrohue en la Región de Los Lagos, cuenta que son 500 en todo el país, pero que existen estudios que indican que debieran ser al menos dos mil. Agrega que hay parques que tienen solo entre dos y cuatro personas trabajando a pesar de extenderse sobre miles de hectáreas.

“Nosotros protegemos más de 18 mil millones de hectáreas; con la dotación actual eso significa que un guardaparque protege unas 36 mil hectáreas. Y hay varios parques que no tienen a nadie y que son los denominados ´parques de papel´: son catalogados áreas protegidas en un documento formal, pero no tienen guardaparques ni presupuesto para manejarlos”, dice Bastías, también presidente del Sindicato Nacional de Guardaparques.

Eso implica que una serie de labores esenciales para la protección de la biodiversidad no se hace. De norte a sur, Chile se enfrenta a desafíos mayores. En el norte, dice Bastías, está la presión de las empresas mineras que se instalan en terrenos circundantes de las áreas protegidas y buscan captar el agua. Hay también problemas de tráfico de vehículos, de personas y de drogas. En la zona central, los incendios forestales han ido en aumento, muchos de ellos intencionales. En el centro-sur se da la extracción de leña y la ganadería ilegales. Y en el extremo sur surgen retos importantes por la presencia de empresas salmoneras dentro de las áreas protegidas.

“Los guardaparques son actores claves de conservación. Pero como país no tenemos plan. Hay muchas áreas que no tienen ni siquiera un listado de actividades que hayan sido identificadas para monitorear la biodiversidad, cuidar el efecto de los visitantes en los parques o ver los efectos del cambio climático.”, dice Catalán, de WWF Chile.

María Loreto Pedrasa, jefa de la sección Conservación de la Diversidad Biológica en el Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de la región sureña de Aysén, agrega que incluso cuando existen planes de manejo, eso no obliga el Estado a asignar un presupuesto para ponerlos en práctica. Eso significa, por ejemplo, que puede que el plan pida hacer patrullaje en bote o cuatrimoto, pero que los encargados no reciban los fondos para comprar esos vehículos.

El problema ha ido empeorando debido a la persistente reducción de los fondos entregados para la protección de áreas silvestres. Según datos de la Fundación Terram, con la nueva Ley de Presupuesto para 2023, los recursos para el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado presentan una disminución del 21% respecto al 2022, pasando a poco más de 22 mil millones de dólares.

Comparada con el resto de América Latina, la cifra es baja. Según información que maneja WWF Chile, en 2022 el país contaba con una inversión anual de 0,6 dólares por hectárea protegida, versus 2,6 dólares en Argentina y 6,5 en Perú. Y según un estudio del programa Austral Patagonia, la brecha presupuestaria del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado para tener una gestión efectiva es de 21 millones de dólares anuales.

Guardaparques en riesgo

Esa falta de presupuesto no solo incide en la cantidad de guardaparques, sino que también en sus condiciones de vida y su posibilidad de cumplir con sus metas laborales.

Los guardaparques ganan entre 500 y 580 dólares líquidos al mes. Muchas veces tienen que pagar ellos mismos internet para poder conectarse con sus familias mientras hacen turnos de varios días en zonas aisladas o complementar el uniforme que les dan si les toca ir a zonas de temperaturas extremas. En muchos lugares, dice Bastías, no tienen electricidad ni servicios básicos como alcantarillado o agua potable, y duermen en instalaciones deterioradas.

Sin embargo, se espera de ellos que hagan educación ambiental, monitoreo y mitigación de las amenazas a la biodiversidad, atención de visitantes y mantención de infraestructura. “Nosotros hemos hecho esto a puro ñeque (empeño). Somos como los sacerdotes antiguos que caminaban sin detenerse y se las arreglaban solos en el caminos”, dice Francisco.

Los costos son altos. Según el estudio “Percepciones de Guardaparques: América Central”, publicado por la organización Global Wildlife Conservation con apoyo de la WWF en 2018, en América Central un 50% de los guardaparques ve a su familia solo entre cinco y diez días al mes. El mismo documento para América Latina publicado en 2019, indica que esa cifra alcanza a ser de cerca del 35% en la región. Pero lo más preocupante hoy, dicen los expertos, es que el problema de la seguridad de los guardaparques se ha agravado en Latinoamérica.

Los estudios citados indican que en América Central, un 77% de los guardaparques se ha enfrentado a una situación que puso en riesgo su vida y un 70% considera que no se les brinda el equipo adecuado para garantizar su salud y seguridad en terreno. Esos datos alcanzan un 80% y cerca de un 70% respectivamente en América Latina.

Un artículo publicado en 2019 por Insight Crime después de que un guardaparque fuera herido por bala en Costa Rica y otro asesinado en Colombia señala que “aunque la dinámica criminal varía a lo largo de la región, son comunes muchas de las economías ilícitas que atraen a (grupos armados) a esos parques alejados: el cultivo de coca, el narcotráfico, la minería aurífera ilegal, la caza furtiva y la explotación maderera ilegal”.

En Chile la situación no llega a los extremos vistos en otros países, pero la presencia de los grupos armados radicalizados en la zona del conflicto mapuche y la existencia de actividades ilegales representan una amenaza creciente.

“Hay gente pasándolo muy mal en los parques de este sector, porque estos grupos los marcan para tomárselos. Es como si pusieran una banderita que dice ´este parque lo vamos a atacar´. Tengo colegas muy asustados”, dice Francisco.

Cuenta que el lugar donde trabajaba solía ser muy tranquilo, pero que desde marzo pasado, las cosas fueron cambiando progresivamente. Primero, hubo destrozos de la infraestructura del parque o de las ventanas de las casas de los guardaparques. Luego comenzaron los robos de paneles solares, baterías y otras cosas que tenían en las casas. La preocupación de los trabajadores hizo que mandaran a sus familias fuera del parque y empezaran a dormir vestidos para poder arrancar rápidamente, de ser necesario. Desde el ataque, están con licencia médica y apoyo psicológico.“Es muy complicado. Si sigue así, va a haber alguna fatalidad porque todos los días pasa algo”, comenta.

A fines de noviembre, la Conaf llegó a un acuerdo con los huelguistas, aseguró la contratación de más guardaparques transitorios y garantizó un aumento de sueldos. Después de los ataques de noviembre, anunció además la creación de una brigada de seguridad. Pero hay consenso en que son soluciones puntuales que no resuelven el problema de fondo.

Catalán espera que la actual discusión parlamentaria de una ley que crea un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas dependiente del Ministerio de Medioambiente permita mejoras. La Ley fue presentada en 2014, pero su tramitación ha sido lenta. Actualmente, se está discutiendo su presupuesto, un punto esencial. Este servicio permitiría centralizar la gestión de las áreas protegidas y hacerla más eficiente, dice Catalán.

Sin embargo, no todos creen que eso será suficiente. María Loreto Pedrasa, por ejemplo, teme que la creación de esta nueva institucionalidad no traiga grandes cambios. En Chile, dice, aún falta para que exista una noción real de la urgencia de cuidar el patrimonio ambiental.

Fuente: elpais.com