Organizaciones ecologistas, sociales e indígenas lanzaron una petición para salvar las leyes ambientales de las modificaciones que se proponen realizar el gobierno de Javier Milei en la Ley Ómnibus. La nueva legislación libertaria complementa el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia (DNU), ya que supone una puerta de entrada a la destrucción de bosques y glaciares en Argentina, entre otros ecosistemas, y consecuentemente una regresión ambiental en materia legislativa, sostuvieron las organizaciones en un comunicado.
Tres fallos adversos y una multiplicidad de frentes agudizan el escenario judicial para el Gobierno
Bajo la premisa “Salvá Las Leyes Ambientales”, la ciudadanía podrá suscribir su firma a través de una página web y así contribuir a detener las modificaciones planteadas en el proyecto de Ley Ómnibus. La petición puede firmarse online en salvalasleyesambientales.org.
“Las reformas a las leyes de Bosques, Glaciares y Control de Actividades de Quema que propone el proyecto de ley representarían evidentes retrocesos a la protección ambiental”, aseguró Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “La única justificación válida para modificar estas normas es para brindar una protección mayor. Nunca para empeorarla. Cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del ambiente alcanzados es ilegal e inconstitucional”, agregó Nápoli.
“Es urgente que alcemos la voz en contra de estas modificaciones que buscan desmembrar las leyes ambientales y flexibilizar su protección”, afirmó Diego Salas, director de programas de Greenpeace Andino. “Hace más de una década, más de dos millones de personas pidieron por la sanción de las leyes de bosques y glaciares, los hitos ambientales más importantes en la historia de Argentina. Es momento de que los legisladores tomen la decisión correcta, velen por el ambiente y resguarden los avances previamente obtenidos”, agregó Salas. “Modificar estas leyes nos afecta a todos, y niega la urgencia de hacerle frente a la crisis climática y de biodiversidad en la que estamos”, aseguró.
Las organizaciones que promueven la iniciativa son Greenpeace Argentina, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo. Además, participan Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), Confederación Mapuche de Neuquén, Organización Ecologista Piuke, Fundación Plurales y Sin Azul No Hay Verde.
También impulsan el petitorio Proyecto Quimilero, Banco de Bosques, Ambient.Arg, Isla Verde, Fundeps, Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), Consciente Colectivo, Circuito Verde, Centro Cultural Tewok, Cebil Fundación Cultural, ASOCIANA, Asociación Amigos de la Patagonia, Alianza por el Clima y Ahora Qué?, entre otras.
Ley de Bosques
Desde la sanción de la Ley de Bosques (2007) la deforestación bajó un 40% comparado a la década anterior. Gracias a la norma, en el 80% de los bosques del país se prohíben autorizar desmontes (Categorías rojo y amarillo), informaron las organizaciones en un comunicado.
Se deben hacer estudios de impacto ambiental y audiencias públicas antes de aprobar un desmonte (en Categoría verde), y no se permite deforestar en territorios indígenas. Sin embargo, la mitad de los desmontes son ilegales.
Las multas no están sirviendo para frenarlos. Ante esto, en 2023, mediante una Consulta Popular iniciativa de Greenpeace el 99% de un total de 260 mil argentinos se manifestó a favor de penalizar desmontes ilegales e incendios.
¿Cómo podría afectar el proyecto de Ley Ómnibus si se aprueba? Las modificaciones propuestas en la Ley Ómnibus permitirán que los gobiernos provinciales autoricen desmontes donde hoy está prohibido, y las topadoras podrán arrasar impunemente bosques para producción agropecuaria (soja y ganadería) y desarrollos inmobiliarios.
Además se desfinancia la ley, lo que repercutirá seriamente en los controles al desmonte ilegal y los incendios forestales, y en el fomento de actividades sustentables en los bosques. Por otra parte, se eliminarán mecanismos de acceso a información de comunidades indígenas y campesinas, explicaron las ONGs.
Ley de Glaciares
La Ley Nacional de Glaciares sancionada por el Congreso en el año 2010 tiene como objetivo la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Al definir a los glaciares como bienes de carácter público, la ley busca preservarlos como reservas estratégicas de agua, proteger la biodiversidad, cuidarlos como fuente de información científica y valorarlos también en su potencial turístico, afirma el comunicado de las organizaciones.
¿En qué afecta el proyecto de Ley? El proyecto ley ómnibus cambiaría los artículos 1 y 2 de la ley para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Se realizaría una modificación en la ley a fin de habilitar la actividad económica en la zona periglaciar, es decir, el entorno que se encuentra alrededor del glaciar y que permite que éste exista, sostienen los detractores de la iniciativa gubernamental.
La actual protección prohíbe la actividad minera y petrolera en zonas periglaciares. Este proyecto de ley ómnibus, elimina esa prohibición, con lo cual, no garantiza la protección de un ambiente complejo, que es resguardo de agua dulce y al que ya el calentamiento global puso en jaque, aseveraron las ONGs.
