Legisladores rionegrinos en defensa de nuestros recursos

Viedma.-Ante el vencimiento de los contratos con las concesionarias AES (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón Arroyito), Central Puerto (Piedra del Águila) y Aconcagua Energía (Cerros Colorados), el Secretario de Energía de la Nación Eduardo Rodríguez Chirillo manifestó que “los bienes revierten al Estado Nacional”. No obstante esta expresión, la reforma de 1994 nos reconoce el “dominio originario” por lo que Río Negro hace hincapié en que la energía es distinta al agua y en ese sentido que la determinación de los usos del río es una facultad de las provincias (o de autoridades interjurisdiccionales de cuenca).

Los Legisladores Lucas Pica y Facundo López, en tanto que subrayan “la indiferencia del rol que cumplen las provincias en cuanto al dominio originario de los recursos naturales, tal como lo establece el artículo 124 de nuestra Constitución Nacional”, enfatizan la convicción de que “no sólo el recurso agua corresponde a las provincias, sino también lo que este genere” y en tal sentido afirman que la cesión de “nuestros recursos para la generación eléctrica, no debe desvirtuar los alcances que acarrea la titularidad de ellos por parte de las Provincia”.

La provincia de Río Negro es actor principal que desde mediados del siglo pasado a la actualidad  ha alcanzado una posición relevante como generadora de recursos energéticos fósiles tradicionales pero a la par de energía proveniente de aprovechamientos hidroeléctricos y recientemente del recurso eólico, como piezas claves de los procesos de transición energética hacia energías limpias como los que se intenta transitar en la actualidad.

La disponibilidad hídrica de nuestra región, como posible fuente motora de ulteriores procesos de desarrollo (riego agrícola, energía, industrias asociadas, etc.), fue reconocida hace más de un siglo a partir de los estudios de César Cipolletti y Bailey Willis. No obstante, la Nación, en tanto destinataria de esa energía para el funcionamiento de su industria, se presenta privilegiando el desarrollo del área central del país, relacionada directamente con las grandes urbes, sobre todo con la Ciudad de Buenos Aires y la región de influencia de la Pampa húmeda.

En tanto que la mayoría de las concesiones que hoy rigen en materia de represas hidroeléctricas fueron realizadas previas a la reforma constitucional de 1994, estos parlamentarios del Bloque JSRN exigen “la participación provincial en las decisiones que afectan y recaen sobre nuestros recursos”.

En el marco de un firme reclamo para la concreción de “un modelo tripartito  donde las provincias de Río Negro y Neuquén, junto con Nación, podamos manejar el recurso hídrico”, los Legisladores López y Pica “en defensa de los recursos y la soberanía provincial” declaran “Su más enérgico rechazo a la decisión unilateral e inconsulta del Poder Ejecutivo Nacional – Secretaria de Energía-, que mediante Resolución 2/2024, prorrogó por 60 días los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón Arroyito y Cerros Colorados, ubicadas en el norte de la región patagónica, así como la de Piedra del Águila.

Luego de la crisis del 89’ durante el año 1993 y por 30 años las represas mencionadas se concesionaron a capitales privados. Las conducciones mayoritarias de las centrales hidroeléctricas se encuentran actualmente en manos de tres grupos empresarios extranjeros y dos empresas locales que también tallan en otras áreas del negocio energético.

Hoy nos encontramos con la finalización de los contratos de concesión de estas represas, a excepción de Pichi Picún Leufú que finaliza en el 2029.

No obstante el planteo de Río Negro, en conjunto con su par neuquina para constituir una administración compartida de las presas en cuestión, en tanto, afirmen “nos compete el dominio originario de recurso agua”, el gobierno nacional dispuso de forma sorpresiva y unilateralmente que, una vez finiquitado el plazo de concesión, el manejo de las represas se transfiriera a la empresa ENARSA, Energía Argentina SA.

Así es que los diputados nacionales de JSRN manifestaron su oposición a la forma y al fondo de la cuestión planteada, subrayando el avasallamiento de las autonomías provinciales que esta medida impone, así como la violación de la concepción federalista plasmada en la constitución Nacional de 1994 en sus artículos 41, 121 y 124, particularmente este último, que expresa taxativamente que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio y a los artículos 70 y 71 de la Constitución de Río Negro respecto al dominio provincial de los recursos naturales y las aguas públicas.

En este marco, la Secretaria de Estado de Energía de la provincia, indicó que la prórroga unilateral no fue notificada a Río Negro. Andrea Confini subrayó que «Los recursos naturales son de las provincias. Quedó claro a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994. El agua es titularidad de Río Negro y Neuquén, y nosotros por ceder nuestros recursos para generación de energía eléctrica debemos recibir regalías a cambio y eso no está ocurriendo. Nosotros queremos las represas no sólo para generar energía, queremos un modelo tripartito donde las provincias de Río Negro y Neuquén, junto con Nación, podamos manejar el recurso hídrico. Las Provincias no hemos sido ni escuchadas ni respetadas. Hay que dar una discusión en una mesa de diálogo donde podamos ser escuchados y considerados. Río Negro y Neuquén venimos trabajando juntos desde hace varios años y tenemos una propuesta consensuada. Tenemos la capacidad para manejar y administrar las represas, como se hacía antes de las privatizaciones».

Así es que los Legisladores Facundo López y Lucas Pica comunicaron “Al Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Economía, Secretaría de Energía, su total rechazo a la decisión de prorrogar  las concesiones de las represas hidroeléctricas del Comahue bajo la administración de la Empresa Nacional Energía Argentina SA.; proceso que pretende realizarse en forma unilateral, inconsulta y en claro avasallamiento a los derechos que como provincia nos asisten en el dominio originario del recurso agua involucrado”.

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