Viedma, Provincia de Rio Negro, 18 de Enero de 2025. La reciente liberación del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, en Chile, encendió las alarmas en ambos lados de la cordillera. La situación en la Patagonia se complica, y el Gobierno argentino se ve obligado a reforzar la seguridad en zonas estratégicas como Villa Mascardi. Sin embargo, los temores no se limitan solo a esta región: ¿estamos ante el inicio de nuevos ataques violentos de la RAM en territorio argentino y chileno?
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El conflicto mapuche, que atraviesa fronteras, parece haber alcanzado un nuevo umbral. Jones Huala, conocido por su liderazgo en la RAM, representa solo una de las piezas en un tablero mucho más grande, donde las tensiones aumentan con las recientes decisiones políticas tanto en Argentina como en Chile. En el primer caso, la gestión de Javier Milei ha acentuado los conflictos con los pueblos originarios, impulsando medidas que incluyen la desarticulación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la modificación de la ley de pueblos originarios. En paralelo, la ministra del Interior chilena, bajo el gobierno de Gabriel Boric, ha generado controversia al referirse a “Wallmapu” como un territorio que abarca tanto Chile como Argentina, un concepto que alimenta las aspiraciones territoriales de algunos grupos mapuches radicalizados.
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A este escenario se suma la detención de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, la facción mapuche más violenta y radical de Chile, que también opera en la frontera con Argentina. La fuerza de la RAM y otras organizaciones como la CAM se ha manifestado en reiterados ataques, incluso en parques nacionales de Argentina, como el reciente desalojo exitoso en el Parque Nacional Los Alerces, donde grupos autoproclamados mapuches ocupaban ilegalmente áreas protegidas desde 2020.
El desalojo, llevado a cabo el 9 de enero de 2025 por la Administración de Parques Nacionales (APN) en colaboración con fuerzas federales, marca un hito en la disputa territorial en la Patagonia. La intervención puso fin a una ocupación que había generado conflictos no solo con el personal de los parques, sino también con las comunidades locales. Aunque el operativo fue exitoso, el fondo de la cuestión permanece sin resolverse: ¿cómo equilibrar el legítimo derecho de los pueblos originarios a reclamar su territorio con la necesidad de proteger el patrimonio natural y evitar que la violencia se convierta en la respuesta prevalente?
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Lo que está en juego no solo es la soberanía sobre los territorios, sino también la paz social. La postura beligerante de la RAM y otras facciones radicalizadas puede dar lugar a nuevos ataques violentos que no solo busquen resistir el desalojo de tierras, sino también impulsar una agenda separatista que aspira a borrar todo rastro de la civilización moderna en favor de un supuesto retorno al “territorio mapuche ancestral”.
En este contexto, el financiamiento externo juega un papel crucial. La RAM, según denuncias previas, estaría recibiendo apoyo de ONGs internacionales, lo que plantea la pregunta sobre las influencias extranjeras detrás de estos movimientos violentos. La relación con potencias como el Reino Unido, a través de organizaciones como Enlace Mapuche Internacional, alimenta la especulación sobre las intenciones detrás de estos conflictos.
Lo que está claro es que estamos ante un escenario complejo donde las tensiones entre la defensa de los derechos de los pueblos originarios y los intereses económicos que subyacen a la explotación de la Patagonia podrían llevar a nuevos enfrentamientos. La creciente violencia, en parte alimentada por la presencia de organizaciones radicalizadas como la RAM y la CAM, podría dar paso a un ciclo de ataques que afecte tanto a la propiedad privada como a las áreas protegidas.
¿Estamos ante la antesala de una nueva oleada de violencia? La combinación de medidas políticas restrictivas, como la eliminación de leyes que protegen a las comunidades originarias, y el avance de las organizaciones radicales parecen indicar que el conflicto no está cerca de resolverse. El desalojo de Los Alerces es solo el comienzo de una serie de intervenciones que podrían extenderse a otras regiones de la Patagonia, mientras que el reclamo mapuche se entrelaza con los intereses geopolíticos y económicos más amplios, dando forma a una situación cada vez más volátil.
