Neuquén.-Funcionará con personal contratado sin una dependencia del Poder Ejecutivo. Los profesionales indagarán para luego determinar la sanción.
El funcionamiento del nuevo organismo se incluyó en el presupuesto del año próximo. Constatará que se cumplan las leyes del Ambiente y Residuos Peligrosos.
La unidad especial comenzará a funcionar en breve y tendrá competencia en todo el territorio provincial. El equipo de profesionales tendrá a su cargo los trabajos de campo, para luego asesorar al fiscal en el curso de las investigaciones.
Desde la fiscalía señalaron que los profesionales dependerán directamente del Poder Judicial y serán contratados por medio de un concurso público. Por ese motivo advirtieron que este equipo dará un margen de “libertad” a la hora de comenzar una investigación porque no dependerá del Ejecutivo provincial.
El fiscal General José Gerez señaló a “Río Negro” que la finalidad es “tener un posicionamiento serio para proteger el medio ambiente, en los términos penales. Lo que se crea es una unidad fiscal específica nutrida de técnicos que se va a encargar de perseguir esos hechos para llegar a una sanción. Las empresas que vengan invertir a Neuquén tienen que saber que no pueden afectar el medio ambiente y que si infringen la ley las vamos a perseguir”.
Mencionó que los hechos se investigarán en base a los informes que provea la secretaría de Ambiente de la provincia o ante la denuncia de superficiarios que se vean afectados.
Independencia
Agregó que “al contar con especialistas propios nos da plena libertad para trabajar. Si nosotros tuviéramos que depender constantemente del asesoramiento de un organismo del Estado para evaluar si hubo un delito o no, existe una dependencia de los informes que puede condicionar los tiempos y los procedimientos para las investigaciones. Al contar con especialistas propios se puede avanzar con autonomía”.
Respecto al costo de funcionamiento, Gerez señaló que se incluye al presupuesto general del Poder Judicial y que la contratación de los especialistas ya fue aprobada por unanimidad de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, en el acuerdo 5768 que se firmó el pasado miércoles.