Luego del anuncio del Gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo sobre la presentación de Informe de Impacto Ambiental del proyecto Distrito Minero Malargüe Occidental y el nuevo Código Minero, dialogamos con Gabriel Jofré quién es werkén y vocero de Malalweche, una agrupación que nuclea a más de 20 comunidades mapuches en el sur provincial. En la entrevista, esclarece como les afecta la presentación de proyectos económicos mineros sobre sus territorios y denuncia tanto al gobierno nacional, como provincial de querer “el territorio sin gente para poder justificar cualquier actividad extractiva”.

El ataque racista y xenófobo del Estado Provincial viene de prolongado tiempo, pero en los últimos años se ha intensificado. Las comunidades indígenas de la provincia vienen siendo víctimas de estigmatización, expulsiones, aprietes y amenazas con el objetivo de liberar las zonas de interés para los empresarios locales, los gobiernos de turno y las grandes multinacionales extractivistas. Esto provocó el alerta y el repudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de la votación en marzo del año pasado en la Cámara de Diputados donde definieron que “los mapuches no deber ser considerados pueblos originarios argentinos”.

El artículo 54 del nuevo Código de Procedimientos Mineros dispone que “ante la identificación de comunidades originarias con personería jurídica otorgada con participación y reconocimiento de la Provincia de Mendoza, emplazadas e instaladas en el área del proyecto de interés exploratorio, se activará el Protocolo de Consulta Previa conforme con la legislación provincial y nacional”.

El problema es que, en el sur de nuestra provincia, donde viven con anterioridad a la formación del Estado múltiples comunidades mapuches, sólo 10 tienen personería jurídica y reconocidas por la Provincia de Mendoza, otras 18 comunidades todavía tramitan la solicitud de esta personería.

El Código busca desconocer deliberadamente a otras decenas de comunidades censadas y reconocidas por el INAI que están en conflictos territoriales y cuentan solamente con la prórroga de la Ley de Arraigo que impide los desalojos. Impedimento que muchas veces, es violado por el Estado Provincial, como ocurrió en febrero de este año cuando el gobierno intentó desalojar a las familias puesteras de la comunidad mapuche Yanten del Cerro Nevado a pesar de no existir una sentencia firme para que se ejecute. En Cerro Nevado se ubica el proyecto minero “Anchoris” o “Cerro Nevado” propiedad minera de Carotti y Rubinstein.

Además, debemos recordar que el mega DNU del presidente Milei, avalado por el silencio reinante del resto de los bloques en Cámara de Diputados, derogó la Ley de Tierras. Esto habilita la entrega de grandes extensiones de tierras a extranjeros, aunque estas tierras contengan grandes cuerpos de agua, o sean contenedoras de acuíferos o estén en zonas periglaciares, o lugares donde se realiza la trashumancia.

El Gobernador Cornejo anunció la presentación de Informe de Impacto Ambiental del proyecto Distrito Minero Malargüe Occidental, al tiempo que consideró que para este proyecto «no existe competencia ni por el uso del suelo ni del agua con ninguna otra actividad productiva en la zona» desde las comunidades que habitan los territorios y sus actividades productivas. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre este relato sobre la región?

Es muy importante abrir esta conversación en estos tiempos, sobre todo con estos anuncios. Queremos que mire lo que pasó con Portezuelo del Viento, hace 8 años vino a prometer una tremenda obra que no se hizo.

En un principio, el primer dato sobre el informe de Impacto Ambiental del proyecto Distrito Minero Malargüe Occidental, es supuesto, porque nadie ha visto las presentaciones y tampoco formalmente no nos ha llegado nada.

Dicen que son 20.000 kilómetros cuadrados, ósea que sería la mitad de Malargüe. En ese espacio, sobre todo de la Cordillera de Los Andes, si dicen que eso no tiene impacto en el territorio, entonces están negando a las más de 500 familias puesteras trashumantes en el territorio. La mayoría de las Comunidades estamos en esta zona, sobre todo la organización Malalweche.

Además, según el nuevo Código de Procedimiento Minero, que también han reformado, incorporaron el derecho a la Consulta Libre Previa Informada. Deberán respetarla, deberán correrse un poco de estos discursos grandilocuentes.

La gestión de Cornejo que, con su perfil omnipresente y autoritario, quiere tener uno o dos inspectores en terrenos, y la verdad que no es nada, está totalmente liberado para que las empresas hagan y deshagan lo que quieran. Creemos y hemos postulado, hacer supervisiones comunitarias, para nosotros es una garantía de transparencia real y acceso a una verdadera información, para generar informes adecuados y no informes armados por consultoras de ocasión, nos hemos encontrado con consultoras que no saben cuáles es la vegetación nativa de la zona, cortan y pegan de Wikipedia.

Para nosotros no solo es necesario que haya controles del estado, sino que también tiene que haber controles y supervisiones comunitarias, de las comunidades indígenas, de las comunidades locales, para generar sus propios espacios y realizar un control constante y permanente.

Actualmente, cuando vamos a un espacio donde están realizando Fraking, para llegar nos interponen todo tipo de obstáculos administrativos y jurídicos, seguridad privada, o nos mandan a la policía.

¿Cuáles son sus preocupaciones y exigencias frente a la presentación de proyectos económicos sobre los territorios como la minería, la explotación de hidrocarburos o megaproyectos energéticos, turísticos o inmobiliarios? ¿Cómo afectan su vida cotidiana y su relación con el territorio?

Cuando hacemos nuestros aportes, nos responden cuando y como quieren, nos dan tres minutos en las audiencias públicas. Por eso exigimos que se cumpla el procedimiento de Consulta Libre Previo Informado, y solicitamos que se respeten las normativas internacionales de estándar vigentes en el país, como el convenio 169, y la Ley 24.071. Las provincias están obligadas a aplicarlas, porque siempre es lo mismo, por ejemplo, el Parque Solar que instalaron acá, nos enteramos cuando ya habían desmontando 200 hectáreas, a menos de 10 kilómetros de la ciudad de Malargüe en una zona que, toda su flora autóctona, sirve para frenar las crecidas de las tormentas de verano.

Por un lado, hablan de toda una cuestión administrativa y de una nueva normativa, pero en los escritorios parece que pasan rápidamente las cosas y en los territorios nos enteramos cuando ya llegaron las empresas. Han creado toda una estrategia mediática para decir que los violentos somos nosotros, cuando los que vienen y violentan los territorios de esta manera son ellos.

Por eso como decía, vamos a insistir en el derecho a la Consulta Libre Previa Informada, supervisión comunitaria clara y transparente, no solamente en los organismos del Estado, porque no tenemos garantías reales, de que los que están haciendo realmente va a ser beneficioso. Sabemos por las experiencias previas que no son muy beneficiosos.

Creemos que tienen que abrir una instancia de diálogo para el intercambio de una buena cantidad de información y opiniones, para que no digan que somos “terroristas ambientales”, creemos que tienen que abrir esos espacios. Como ellos saben que, en esos espacios tienen mucha de perder, los empiezan a cerrar y actúan con sus medios de comunicación afines, con sus estrategias de comunicación en redes sociales para negar y censurar las opiniones distintas.

Vamos a sostener nuestra institucionalidad, sostener nuestra relación con el Estado, pero los niveles de conflictividad en el territorio van a ir aumentando si ellos siguen avanzando de esta forma, están presionando tanto, que vamos a empezar a ver no sólo desalojos, sino también la resistencia a todas estas acciones.

Hemos visto con preocupación un incremento en la violencia hacia las comunidades mapuches y familias de puesteros en el sur provincial, con desalojos violentos y procesos judiciales favorables a empresas y terratenientes, y la intervención de los gobiernos provinciales y nacional impugnando las resoluciones del INAI que reconocían personerías y habitabilidad de tierras a comunicades originarias. ¿Cómo están viviendo ustedes estos procesos?

Decimos que están buscando una segunda conquista del desierto, y no lo decimos para hacer un panfleto, buscan despoblar el territorio, desalojar de los territorios a las familias. En este marco de violencia institucional y también con presiones constantes que provocan un desgaste para que las familias se terminen yendo del territorio, nos vemos obligados a realizar una resistencia. Esto es muy grave, porque intentan parecer como si fuera consentido, y no lo es. Te bloquean, te obstaculizan el proceso de desarrollo y te obligan de alguna manera ir a la ciudad a sostenerte en los cinturones de pobreza que se crean en las ciudades.

Eso es lo que estamos viviendo, hay una intención institucional, sobre todo el estado provincial que insiste con presentaciones judiciales. Entendemos que esas presentaciones judiciales tienen el objetivo que es el desgaste y nosotros vamos a resistir eso. Porque también entendemos que hay fiscales y jueces que hacen lecturas muy anacrónicas y muy brutales, que hacen un retroceso en el derecho hoy reconocido en Argentina y a nivel internacional.

No vamos a dejar de actuar en este sentido y vamos a sostener los procesos judiciales, no solo con las medidas y acciones necesarias, sino también al momento que territorialmente nos afecte o que quieran venir a desalojar, va a haber resistencia y vamos a seguir denunciando que quieren hacer un despoblamiento. Quieren el territorio sin gente para poder justificar cualquier actividad extractiva.

¿Sobre qué problemáticas expondrán en la próxima audiencia de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realizará próximamente en Brasil?

Participaremos como amicus curiae del tribunal en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una causa abierta contra el estado de Chile y de Colombia. Nos aceptaron como miembros informantes, la audiencia será en la ciudad de Manaos en Brasil, desde el 27 al 29 de mayo.

Obviamente vamos a llevar el caso nuestro, el de la provincia de Mendoza. Estamos articulando con las Comunidades Huarpes y también con las Comunidades Coyas, para que la vocería que tenemos, lleve el mandato de los pueblos pre existentes de la provincia de Mendoza para denunciar el accionar del Gobierno de la provincia. Por ejemplo, en nombre de desarrollar una productividad, que sabemos que no es tan así, han bloqueado los ríos con represas. Las comunidades Huarpes de Lavalle, han planteado las sequías tremendas en ese territorio, que dicen que “es un desierto”, pero que en realidad está lleno de humedales inmensos, donde había un montón de lagunas y ahora no las hay.

Necesitamos que la Corte Interamericana haga una observación directa de lo que está sucediendo y actúe, porque no podemos esperar, como pasa con los procesos judiciales, diez o quince años hasta llegar nuevamente y decirle “mire ya nos mataron gente, ya nos desalojaron, ya se secaron los territorios”.

Además, tenemos elementos para denunciar que es una acción sistemática de despoblamiento, de precisión sobre la población para dejar libres esos territorios para las actividades extractivas en nombre de la transición energética.

Porque no vamos a presentar sólo una cuestión territorial, vamos a plantear que ellos mismos que hicieron la explotación petrolera en estos territorios, y que, por la dependencia de estos combustibles sólidos de base fósiles, se produjo el impacto en el calentamiento global, lo que hoy conocemos como crisis climática. Y en nombre de resolver esa crisis climática ahora vienen a romper la cordillera para buscar cobre que es lo que necesitan para las baterías y para poner en funcionamiento las energías renovables que dicen ellos, junto con el Litio, porque ahora han encontrado ese mineral en Malargüe. En nombre de salir de la dependencia en esta transición energética vienen a destrozar nuevamente nuestro territorio. Es increíble que sigan mintiendo tan descaradamente, porque esto es avaricia y concentración constante de la riqueza.

Es importante nuestra presencia en la Corte Interamericana, porque es un problema más bien regional, y vamos a ir varias organizaciones indígenas y ambientales a presentarnos, asique nuestra vocería no va a ser la única, vamos a completar un panorama complejo. En el cual necesitamos que la Corte actúe sobre los estados para que se ordenen en los estándares de los derechos reconocidos actualmente y que tanto han costado para que hoy haya esos mecanismos de protección de derechos a nivel internacional.

Fuente: www.laizquierdadiario.com