ALLEN.- A más de seis meses del derrame de unos 240.000 litros de “agua salada” que terminó secando frutales en medio de la zona rural de Allen, y que provinieron desde el subsuelo en una locación de la firma YSUR-YPF, se conoció que el líquido no sólo tenía “un alto grado de salinidad” que resultaba tóxico para los cultivos de la chacra, sino que además contenía restos de hidrocarburos. Tras informes realizados a raíz del incidente, el Departamento Provincial de Aguas multó a los responsables por un monto de 2,5 millones de pesos.

Así lo dieron a conocer ayer integrantes de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, de Allen, al recibir novedades de la justicia tras la denuncia que presentaron a raíz del vertido que se registró en octubre del año pasado en una locación ubicada en la chacra 60.

Desde YPF se informó que la empresa no recibió ninguna notificación de multas o sanciones por parte del DPA.

“El incidente en la locación 360 fue informado a las autoridades de aplicación y continúa el cronograma de trabajo acordado con las mismas”, indicaron desde la petrolera estatal a “Río Negro”.

El DPA confirmó la existencia de la sanción y dijeron que YPF no aceptó la notificación. (Ver aparte)

Causa penal archivada

La fiscal Julieta Villa le informó a la Asamblea por el Agua que provisoriamente se archivó la causa que iniciaron porque “no se cuenta hasta el momento con elementos objetivos suficientes para endilgar a los responsables de la empresa YSUR Energía Argentina SRL la comisión de un hecho delictivo reprochable penalmente”. Sin embargo, a raíz de la investigación surgida se solicitaron informes y la Secretaría de Hidrocarburos provincial dispuso diversas medidas para garantizar “la desconexión hidráulica y la aislación de los acuíferos de agua dulce”. En ese marco, se conoció que el DPA aplicó a la firma responsable una multa de 2,5 millones de pesos.

“Estamos muy conformes con esto. Desde el 2012 hemos hecho muchas denuncias, esta es la más reciente”, señaló ayer Lidia Campos, integrante de la Asamblea.

“Cuando nos enteramos del incidente, que había un derrame de agua salada, agua de retorno de pozo, hicimos la denuncia. En ese momento el DPA tomó muestras y sacó un comunicado, a lo que la empresa hizo su descargo y dijo que era un derrame menor de agua dulce y que era inocuo para las plantas”, explicó la mujer. “Ahora sabemos que según los estudios realizados por el DPA, resulta que era altamente salinizada, por encima de los niveles permitidos, tóxico para las plantas -se arrancaron 170- y además tenía hidrocarburos”.

“Sin licencia social”

En la Asamblea recibieron la noticia “con una gran interrogante: si esto salió para afuera, a la superficie ¿qué estará pasando abajo?”, se preguntó Juan Carlos Ponce. Insistieron con la falta de controles “en tiempo y forma” de los organismos responsables. “La fruticultura con la extracción de hidrocarburos no es compatible, en Allen el fracking no tiene licencia social. Nosotros queremos seguir produciendo frutas y verduras, y esto es un delito”, criticó Campos.

Además impulsan que el dinero que se cobre de las multas sea redireccionada “como resarcimiento a la gente perjudicada”.