SANTA CRUZ.- La construcción de dos represas sobre el río Santa Cruz, fue aprobada a través de la Resolución Conjunta 3-E/2017 de los Ministerios de Energía y Minería y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con la firma de sus titulares, José Aranguren y Sergio Bergman, respectivamente y fue publicada ayer en el Boletín Oficial.

Destaca el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que supeditó el inicio de los trabajos de ambas represas a la realización de dicha audiencia. “La evaluación de las consecuencias ambientales de las obras es una política nacional que el Estado ejercita y fomenta tanto en proyectos privados como públicos, como garante del derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y sustentable”, detalla.

Agrega que “de los informes recibidos de los senadores y diputados de la Nación se desprende el muy amplio consenso político” sobre el estudio de impacto ambiental y señala, además, que los funcionarios intervinientes en el análisis de factibilidad de las obras “han presentado argumentos sólidos” que avalan su ejecución.

Al respecto, el medio dialogó con Mariano Bertinat, secretario de Estado de Ambiente de la provincia, sobre las cuestiones a seguir a raíz de la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Indicó que, a partir de allí, el Ejecutivo enviaría en el transcurso del día de ayer el informe a la Justicia para que sea levantada la medida cautelar. Es decir, el proceso administrativo -mediante la aprobación de Nación- estaría en términos; pero aún queda la instancia judicial.

La medida cautelar que suspende la construcción de las represas; “frenó la obra hasta tanto no se implementara el proceso de evaluación ambiental según la Ley Nacional de Obras Hidráulicas”.

En este punto, Nación implementó dicho proceso y se realizó la Audiencia Pública finalizada el pasado 21 de julio. Allí se realizaron las exposiciones transmitidas en vivo en el Congreso de la Nación, en la cual participaron funcionarios nacionales y provinciales, senadores y diputados de la Nación, intendentes de ciudades de Santa Cruz, representantes de numerosas organizaciones no gubernamentales y numerosos particulares interesados en hacer escuchar su opinión.

Posterior a esto, “Nación realizó un informe aprobando la obra, se tomaron los comentarios de la Audiencia Pública y elaboró un informe final. Dicho informe se presenta a la Justicia para que se determine si se levanta o no la medida cautelar”, determinó el Secretario de Estado de Ambiente.

Por último, Bertinat indicó que la postura de las organizaciones ambientales, que se manifiestan en contra de la construcción de las represas, es “totalmente válida como la postura de cualquier ciudadano que pueda aportar o rechazar un proyecto”, y -por ello- considera “importante los procesos de participación ciudadana donde se puedan manifestar”; como lo fue la Audiencia Pública.