El Gobierno trabaja en un proyecto de ley para frenar la presión de los pueblos originarios, que crece día a día mientras sigue sin saberse el paradero de Santiago Maldonado, el joven artesano que no volvió a ser visto tras participar de una protesta junto a la comunidad mapuche.
El trabajo de Germán Garavano y un grupo de legisladores de Cambiemos consiste en ratificar la posesión de las tierras habitadas por pueblos originarios, pero sumar requisitos para identificarlos mejor.
Otra vez, la demora le jugó una mala pasada al ministro: Fernando “Pino” Solanas presionó en el Senado para prorrogar la emergencia a los pueblos originarios, una ley de 2006 que impide desalojarlos.
La última extensión vence en noviembre y para contener al cineasta, Federico Pinedo prometió una ley más amplia, con el respaldo del jefe del peronismo Miguel Pichetto. Pino no aceptó el compromiso y los obligó a votar juntos en su contra.
Garavano quiere que la nueva ley que regule la tenencia de tierras de los pueblos originales incluya una suerte de “institucionalización” del proceso de elección de sus representantes.
El incidente obligó al Gobierno a acelerar una ley y evitar otro motivo para enfrentarse a los pueblos originarios en plena crisis por la desaparición de Maldonado.
Pero Garavano quiere “institucionalizar” la designación de representantes de comunidades originarias y toma el antecedente de la colonia primavera de Formosa, conocida como la sede de los indios Qom.
Allí se impuso en 2011 Félix Díaz ante un candidato propuesto por su gobernador Gildo Insfrán, una victoria épica que lo acercó a los organismos internacionales y al primer plano de la escena política argentina.
Cuando era jefe de Gobierno, Mauricio Macri lo apoyaba en su pelea con el mandatario formoseño y le permitía desplegar sus protestas en la 9 de Julio y hasta instalar carpas junto a la estatua de Don Quijote.
El camino elegido por Garavano sería un camino no exento de polémicas, como las que envuelven el mito de Félix Díaz, cuya representatividad aun es discutida por Insfrán, quien insiste en incluirlo en la comunidad toba. No reconoce subgrupos.
Por estas discusiones algunos legisladores chocan con el ministro y recuerdan que la identificación de comunidades originarias era una tarea de los gobernadores y no puede tratarse a todos por igual.
Uno de los que levanta la voz es Gerardo Morales. Asegura identificar las poblaciones autóctonas y sin la ley de emergencia ya no podrá proteger sus pertenencias.
Pinedo y Pichetto, que funcionan casi como un equipo de trabajo, prometieron que el debate empezará el miércoles 27 en el Senado. Antes debe estar terminado el proyecto de ley.
Pero en la sesión Fernando “Pino” Solanas, siempre ajeno a esos pactos, exigió no escaparle al conflicto y aprobar ahí mismo la prórroga de la ley 26.160, que declara la “emergencia en materia de posesión y propiedad” en tierras “que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país”.
La preferencia pedida por Solanas fue rechazada con 33 votos a 11, entre quienes hubo kirchnerista como María Pialatti Vergara, Anabel Ferández Sagasti, Sigrid Kunath y María Ester Labado. Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner, se fue antes de pulsar el botón. Tanto quemaba la votación, que Juan Manuel Abal Medina no votó en el primer intento y luego se abstuvo. El 27 nadie podrá escaparse.