La jueza Andrea Di Prinzio pretende ejecutar una sentencia de 2019 que admitió el reclamo de un particular. Intimó el lunes a la comunidad mapuche Paicil Antriao a entregar el inmueble en un plazo de 10 días.
POR REDACCIÓN MARZO 28, 2021 9:53 AM
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Un nuevo frente de conflicto se abrió entre la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao y la justicia neuquina. La jueza Andrea Di Prinzio, que subroga el juzgado civil 2 de Junín de los Andes, intimó a Elma Quiroga, José Arsenio Miranda y a la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao para que en un plazo de 10 días restituyan un lote que ocupan a un particular “bajo apercibimiento” de ordenar el desalojo.
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La jueza dictó el lunes la resolución. Di Prinzio pretende ejecutar la sentencia que el juez civil de Junín de los Andes Andrés Luchino dictó el 14 de febrero de 2019, cuando admitió la demanda que Carlos Popik había presentado contra Quiroga, Miranda y la comunidad mapuche para recuperar un lote que los demandados ocupaban.
Popik interpuso la demanda en 2005. Luchino sostuvo en la sentencia que Popik había adquirido el lote en compraventa “de su legítimo propietario y el mismo está inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble a su nombre en un ciento por ciento (100%), por lo que en consecuencia está legitimado para el inicio de esta acción reivindicatoria”.
“En lo que aquí interesa es claro que el título de Popik (y sus antecesores) es anterior a la posesión de los demandados Elma Quiroga, José Arsenio Miranda y Comunidad Mapuche Lof Paichil Antriao”, afirmó el juez.
Sánchez impugnó esa sentencia en todas las instancias. Llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén que declaró inadmisible el 27 de julio del año pasado el recurso que había presentado. Después, promovió un recurso extraordinario federal para que el caso sea analizado por la Corte Suprema. Pero el TSJ lo declaró inadmisible.
Sánchez recordó esta semana que tiene un recurso de queja presentado en la Corte Suprema “y está pendiente de resolución una medida cautelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. “Lo que sucede es que la interposición del recurso de queja, no suspende la ejecución de la sentencia”, explicó Sánchez.
Y recordó que está vigente la ley 26.160, que suspende los desalojos de tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.
“Esta intimidación de la jueza ya se torna inconcebible e inaceptable porque venimos hace años movilizándonos y reclamando al gobierno provincial por el Relevamiento Territorial y la repuesta es desalojo”, afirmaron ayer las autoridades de la comunidad. “Que sepa la jueza que la comunidad la estará esperando porque no aceptamos más atropellos que violen nuestros derechos territoriales”, dijeron.
Fuente: Diario Rio Negro
