Buenos Aires.-Hoy los diputados tratarán en comisión el proyecto elevado por el Ejecutivo. Greenpeace y la UBA les pidieron que escuchen a las comunidades mapuches.
El proyecto de modificación de la Ley de Bosques que el Ejecutivo envió a la Legislatura despertó una polémica por las nuevas zonas que quedan protegidas y las que se habilitan para los proyectos inmobiliarios. Un grupo de organizaciones ambientalistas sostiene que el proyecto habilita la construcción en zonas que actualmente están vedadas para esa actividad económica.
A partir de una exigencia a nivel nacional el gobierno envió el proyecto que se tratará este miércoles en comisión y que podría llegar al recinto la semana que viene. El proyecto de ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo apunta a proteger las superficies forestadas de la provincia y para eso se sumaron más de 50 mil hectáreas de bosques nativos al territorio neuquino.
Organizaciones ambientalistas de la zona cordillerana, e incluso la UBA y Greenpece cuestionaron los alcances del proyecto. Aseguraron que hay una “vulneración de los derechos de las comunidades mapuches”.
Un comunicado del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA sostuvo que hay “un sugestivo apuro” por aprobar la modificación de la ley de ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos antes del cambio de autoridades.
El texto describió que “la modificación propuesta, implica un traspaso de las hectáreas definidas como ‘rojas’ –que son las de rango de mayor protección- en un 86%, aunque también elevan a 43% las de color verde”.
Ahí no más advirtió que “resulta por demás sugestivo que entre las áreas que la modificación ‘express’ propone pasar de la zonificación amarilla (medio nivel de conservación) a verde (bajo nivel de resguardo), se encuentran puntos ‘críticos’ por el nivel de disputa con diversos actores locales y las comunidades mapuches, tales como el Cerro Bayo y el Cerro Chapelco donde el interés para emprendimientos inmobiliarios es evidente”.
Gerardo Ghioldi, integrante de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa La Angostura, destacó que el rechazo de las organizaciones se funda en el peligro que representaría la nueva ley para la población de la zona. “Con construcciones en esos cerros se pone en juego la vida de todos los que viven abajo. No es solo proteger el árbol, sino proteger la vida de todos”, precisó el activista.
Los detractores de la ley aclararon que su postura “no solo es para apoyar a la comunidad mapuche en todo su conflicto territorial, sino que mantiene la defensa de la zona roja tal cual está por el peligro que representan los cambios”.
Ghioldi consideró que el proyecto “extiende la zona protegida a espacios donde hay solo pastoreo y habilita áreas de montañas para los emprendimientos inmobiliarios. Me parece que responden a los intereses de penetrar en el bosque nativo para transformarlo en tierra inmobiliaria”.
La organización ambientalista internacional Greenpeace salió a manifestarse ante esta situación mediante un comunicado firmado por Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques.
“Queremos manifestar nuestra profunda preocupación por el proyecto de modificación de la Ley 2.780 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Neuquén. Vecinos, comunidades mapuches y organizaciones sociales de San Martín de los Andes y Villa La Angostura han rechazado públicamente y en los talleres, que se realizan de acuerdo a la Ley de Bosques, que se avance con el desmonte con el objetivo de permitir nuevos desarrollos inmobiliarios sobre bosques protegidos”, expresó.
Recordó que “todo retroceso en las leyes de protección ambiental atenta contra principios consagrados en la Ley N° 25.675 General del Ambiente, como el “precautorio”, el de “equidad intergeneracional”, el de “progresividad” y el de “sustentabilidad”.
“La modificación de la Ley no fue acordada con las comunidades mapuche, lo que viola la normativa forestal nacional, que establece que se deberá tener en cuenta el valor que las comunidades indígenas y campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura. En el caso de las comunidades indígenas y dentro del marco de la ley 26.160, se deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la ley 24.071, ratificatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, concluyó.
