La Ley de Fomento a las Energías Renovables, (27.191), establece que, para fines de este año, los grandes consumidores (más de 300 kw de potencia), deberán cubrir su consumo con un 8% proveniente de fuentes limpias (eólica, solar, biogas y biomasa, entre otras), una meta que comenzará a ser fiscalizada en 2018.
En la categoría están incluidas unas 300.000 empresas, desde grandes plantas industriales hasta instalaciones comerciales (supermercados, shoppings) y edificios públicos y corporativos. Tanto en gas como en electricidad, pocas empresas en determinados rubros (siderúrgico, construcción, petroquímico), explican más de la mitad del consumo total. Para cumplir con la normativa, tienen tres opciones: generar su propia energía renovable; comprarla a generadores y comercializadores privados, o proveerse de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).
Fuentes del ministerio de Energía señalaron a este diario que “aún no se conoce cuántas empresas están cumpliendo con el 8% de renovables”. Según relevamientos privados, son pocas las que ya lo hacen (un ingenio azucarero, una aceitera) y la mayoría aún no definió su estrategia.
“Falta reglamentar la ley con sus premios y castigos”, apuntó Rodrigo Herrera Vegas, de la consultora Sustentator. Asímismo, el 31 de diciembre vence el plazo para importar equipos para renovables con arancel cero. “Las que decidan desarrollar proyectos después de esa fecha tendrán que pagar 18% de arancel”, advirtió.
También se puede adquirir equipamiento local, (en el caso de paneles solares, hay una empresa en San Luis que los ensambla, aunque no tiene volumen suficiente para abastecer a la gran cantidad de proyectos que podrían generarse).
Por otra parte, “aún no se publicó la resolución definitiva para los acuerdos de comercialización de energía privados, (PPAs), por lo que hay negociaciones avanzadas entre las empresas, pero los contratos no se cierran”, destacó José Montoro, dessde la desarrolladora EIT Group.
El borrador del “Régimen del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable” se encuentra en el Congreso, al igual que otra importante reglamentación, la futura “ley de energía distribuída” (ver recuadro). Ambas son “esenciales para que entren nuevos jugadores al mercado de renovables y para que las empresas logren mejores precios, plazos y condiciones en la compra de energía”, destacó Juan Bosch, del trader de energía Saesa.
“Hasta que no se aprueben estas normativas, no comenzarán a ejecutarse los proyectos”, estimó Montoro. “El gobierno deberá extender el plazo de cumplimiento”, señaló. Las inversiones necesarias para que -con el actual consumo-, cerca de 300 mil grandes consumidores cubran la cuota del 8% de renovables antes de 2018 (que se ampliará a 20% en 2025), “ascienden a los u$s 200 millones”, estimó el consultor.
“La decisión dependerá de cada empresa, según su tamaño, sector -aquellos con un uso energético más intensivo seguramente les convenga auto-generarla-, y la ubicación. A una firma en un parque industrial donde el precio del metro cuadrado es elevado, le convendrá comprar energía a un desarrollador, mientras que si su planta está en una zona rural de Cuyo o el Norte, tal vez prefiera construir su propio parque solar”.
