Cada 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de Lucha Contra las Grandes Represas, por sus impactos sociales, ambientales y sanitarios. Existen más de 2.000 hidroeléctricas en Latinoamérica y, a nivel global, más de 50 millones de personas desalojadas. De Misiones a Neuquén, de Entre Ríos a Santa Cruz, poblaciones en defensa de los ríos y los territorios.

Con diferentes actividades y expresiones en múltiples ciudades, cada 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de Acción contra las Grandes Represas, una fecha que surgió en el marco del Primer Congreso Internacional de Afectados por las Represas, realizado en marzo de 1997 en la ciudad de Curitiba (Brasil).

Aquel encuentro propició, además, la creación de la Red Latinoamericana de Acción contra Represas (Redlar), un espacio de confluencia entre organizaciones de afectados por hidroeléctricas en Latinoamérica.

Según la Comisión Internacional de Grandes Represas, existen 38.660 hidroeléctricas en el mundo. Casi 2.000 se encuentran distribuidas en países latinoamericanos. El auge de su construcción comenzó a principios de la década del setenta, cuando se inauguraron algunas de las represas más grandes del mundo, como las binacionales Itaipú (Brasil y Paraguay) y Yacyretá (Argentina y Paraguay).

La Comisión fue establecida a través del Banco Mundial y la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) en mayo de 1998, como respuesta a la creciente conflictividad social. Integrada por representantes de gobiernos, organizaciones sociales, empresas constructoras, académicos y corporaciones, la Comisión llevó adelante una amplia serie de revisiones, audiencias públicas, debates y estudios que se extendieron durante dos años.Finalmente, en noviembre del año 2000, la Comisión presentó el informe «Represas y Desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones». Un amplio documento que, entre otros aspectos, determinó que más de 50 millones de personas en distintos países habían sido desplazadas forzosamente de sus lugares de origen a causa de las hidroeléctricas.

El informe puso de manifiesto las consecuencias directas de la construcción de represas, en cuanto a sus aspectos sociales, económicos, ambientales y sanitarios. Además, hizo hincapié en que las poblaciones mayormente afectadas habían sido comunidades indígenas y campesinas.

La Comisión exhortó a que todo proyecto hidroeléctrico, para poder realizarse, debe gozar del consentimiento previo, libre e informado (derecho básico que asiste a los pueblos indígenas) de las comunidades afectadas.
Organización internacional creciente

Pese al informe de la Comisión, los conflictos relacionados a la instauración de hidroeléctricas se han ido profundizando en las últimas dos décadas, motivando un movimiento de afectados cada vez más organizado y articulado.

“El informe fortaleció los argumentos de la movilización continental y mundial. Sin embargo los gobiernos se han negado sistemáticamente a adoptar las medidas propuestas, lo cual ha incrementado la desigualdad y multiplicado las injusticias sociales, económicas y ambientales”, señala a Agencia Tierra Viva, Juan Pablo Soler, referente del Movimiento Colombiano Ríos Vivos e integrante de la Coordinación del Movimiento de Afectados por Represas (MAR), un espacio que nació en 2016 y que recogió el recorrido de la Reldar, aglutinando nuevas organizaciones.

“El MAR en la actualidad es una articulación regional con representación de 20 países que reafirma como objetivo fundacional, contribuir con la lucha de afectados y afectadas por represas por conquistar sus derechos; trabajar por la edificación de una sociedad alternativa y construir un modelo energético acorde a esa sociedad alternativa que se propone”, agrega Soler.

Una de las organizaciones de base del MAR con mayor antigüedad y grado de desarrollo es el Movimento dos Atingidos por Barragen (MAB), organización que nació en 1989 al fragor de la resistencia de poblaciones ribereñas que estaban siendo desplazadas por represas en los estados de São Paulo, Bahía, Pernambuco, Pará y Rio Grande do Sul, entre otros focos repartidos por todo Brasil, que llevaron adelante ese año, el primer Congreso Nacional de Afectados por Represas. Aquel Congreso definió que el MAB sería un “movimiento nacional, popular y autónomo, con la tarea de organizar y articular acciones contra las represas a partir de las realidades locales”.El MAB tiene una larga historia de resistencias, luchas y logros. Nace a través de experiencias de organización local y regional, frente a amenazas y ataques sufridos durante la implementación de proyectos hidroeléctricos. Luego se convirtió en una organización nacional y, hoy, además de luchar por los derechos de los afectados, convoca a un Proyecto de Energía Popular para cambiar de raíz todas las estructuras injustas de esta sociedad.

Tatiane Paulino Bezerra, integrante del MAB y coordinadora provisional del MAR, cuenta que “como organización, el MAB es el resultado de un largo trabajo de construcción colectiva. Porque no aceptamos la injusticia, la destrucción de la naturaleza y estamos seguros de que podemos vivir mejor, nos organizamos y luchamos, con gran sacrificio, enfrentando enemigos poderosos que solo nos explotan, oprimen y expulsan de nuestras comunidades”.

Después de décadas de lucha, la Política Nacional sobre los Derechos de las Poblaciones Afectadas por Represas (PNAB) fue sancionada el 15 de diciembre de 2023 por el presidente Lula. “El texto establece lineamientos para reparar los derechos de las comunidades afectadas por perturbaciones, construcciones y otros daños derivados de la instalación de estos proyectos. Las regulaciones abordan tanto las estructuras de almacenamiento de relaves mineros como los depósitos de agua. El texto fue elaborado con el protagonismo de los afectados articulados en nuestra organización y representa un hito histórico”, añade la militante brasileña.

En Colombia, las organizaciones que nuclean a las poblaciones afectadas por represas en ese país, también experimentaron el paso de la resistencia defensiva ante la vulneración de derechos y la pérdida de territorios hacia una etapa propositiva y de cada vez mayor incidencia política. Así, las organizaciones Comunidades Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías (Setaa), Censat Agua Viva y el Movimiento Ríos Vivos impulsan debates legislativos a nivel nacional y en las comunas en torno a la noción de la «Transición Energética Comunitaria», una propuesta integral orientada a diseñar y brindar soluciones en territorios y contextos específicos, por fuera del modelo energético comercial y hegemónico.
Represas que matan

El Día Mundial de Acción Contra las Grandes Represas también es una fecha propicia para honrar la memoria de aquellas lideresas y militantes que fueron asesinados en el marco de luchas contra proyectos hidroeléctricos. En este sentido, un caso emblemático es el de Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016, en su vivienda del departamento de Intibucá, en Honduras. Berta tenía 44 años. Fue una de las fundadoras en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (Copinh). Por su militancia en defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y los Pueblos Indígenas, Berta Cáceres había recibió en 2015 el premio Goldman Environmental Prize (también llamado «el Nobel Ambiental»).

Detrás del asesinato de Cáceres está su protagonismo en la lucha contra el emprendimiento hidroeléctrico de «Agua Zarca».

También en Honduras, cuatro meses después del asesinato de Berta Cáceres, fue hallada muerta Lesbia Yaneth, lideresa indígena y también integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que al igual que Berta militaba contra la construcción de represas.En 2013, Robinson David Mazo, un militante de 22 años que pertenecía a la organización Movimiento Ríos Vivos, fue asesinado en el norte de Antioquia (Colombia). Mazo era uno de los cientos de afectados por la represa de Hidroituango, emplazada sobre el río Cauca.

Dilma Ferreira Silva fue una activista por los derechos de las comunidades del Amazonas y además fue una de las más de 32.000 personas desplazadas por central hidroeléctrica Tucuruí, construida en Brasil durante la dictadura militar de 1964-1985.

Dilma se unió al MAB en 2005, donde se convirtió en coordinadora regional del movimiento. El 22 de marzo de 2019 Dilma fue asesinada a balazos, en el marco de una serie de crímenes contra militantes ambientales y sociales ocurridos en pocos días en la Amazonía.

Diez años atrás, en el mismo pueblo, Tucuruí, había sido asesinado de siete disparos el líder sindical Raimundo Nonato do Carmo, quien también fue un férreo activista por los derechos de las poblaciones afectadas por las represas.
Las luchas en Argentina

Las organizaciones sociales y ambientales de la provincia de Misiones tienen un amplio historial de lucha contra las hidroeléctricas. En las ciudades de Posadas, Santa Ana, Garupá, Candelaria y San Ignacio, al menos 50.000 personas fueron desplazadas de las costas del río Paraná debido al embalse provocado por la represa Yacyretá.

El proceso de desalojos y relocalizaciones se extendió desde mediados de la década del 80 hasta principios del siglo XX, lapso en el cual las familias afectadas experimentaron todo tipo de abusos y estafas por parte de la Entidad Binacional Yacyretá.

Hoy, a 20 años de la inauguración de la represa emplazada a la altura dela ciudad correntina de Ituzaingó, en las ciudades misioneras afectadas (territorial, ambiental, social y económicamente), la tarifa de energía eléctrica sigue siendo de las más elevadas del país.

En 1996, el pueblo misionero frenó —a través del voto negativo en un plebiscito— el proyecto hidroeléctrico binacional Corpus Christi. Aquella fue la primera consulta popular vinculante relacionada a conflictos ambientales que tuvo lugar en el país. Años más tarde, en 2014, ante el intento de los estados argentino y brasileño, de reflotar el proyecto hidroeléctrico Garabí (original de 1972), las organizaciones sociales y ambientales de la provincia, aliadas al MAB de Brasil, convocaron a una Consulta Popular que volvió a marcar el rechazo mayoritario de la ciudadanía misionera para con este tipo de iniciativas, logrando desactivar el proyecto.

“Sin esa lucha, más de treinta pueblos hubiesen desaparecido, bajo el agua del río Uruguay. Entre ellos el nuestro. Cada 14 de marzo recordamos esa lucha y todas las luchas que se dan en Latinoamérica en defensa de los territorios, del río y de las comunidades que vivimos en las riberas”, señaló María Alvez, miembro fundacional de la Mesa Provincial No a las Represas y vicepresidenta de la Biblioteca Popular Puerto Azara, espacio que abrió sus puertas un 14 de marzo en el paraje rural Puerto Azara, a orillas del río Uruguay, en el sur misionero.

En Entre Ríos, los ríos Paraná y Uruguay están “libres de represamiento”. Esto es gracias a la Ley provincial 9.092, sancionado el 25 de septiembre de 1997 como resultado de una intensa lucha ciudadana. Todo había empezado en 1996, cuando el consorcio estadounidense Energy Developers International presentó un proyecto para la represa hidroeléctrica del Paraná Medio. En ese momento, el presidente Carlos Menem, declaró a este proyecto “de interés nacional” y anunció una inversión extranjera millonaria.

Ante la debacle ambiental y social que implicaba el proyecto del Paraná Medio, miles de entrerrianos y entrerrianas unidos en la Asociación de Entidades Ambientalistas, bajo el lema “Entre Ríos sí, entre represas No”, llevaron adelante numerosas acciones de lucha que terminaron por doblegar a los intereses económicos y políticos que pugnaban por que el proyecto hidroeléctrico pudiera concretarse. Además de desactivar el proyecto, esta epopeya popular logró plasmar un instrumento legislativo sin precedentes en el país.
Patagonia sin represas

La Patagonia es otro nodo de resistencia a los proyectos hidroeléctricos en Argentina. En la provincia de Neuquén, donde funcionan las centrales hidroeléctricas Alicurá, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, El Chocón, Arroyito y Planicie Banderitas, se encuentra en etapa de desarrollo avanzado el proyecto Central Multipropósito Nahueve, sobre el río homónimo, en el norte provincial.

Las comunidades aledañas, organizadas en la Asamblea del Agua del Norte Neuquino, denuncian el daño ambiental provocado por esta obra, alertando sobre los diversos riesgos de su puesta en marcha y llevando adelante intervenciones de orden judicial y manifestaciones en rechazo a este emprendimiento financiado por la Agencia de Desarrollo de Inversiones de Neuquén.

Esta lucha cuenta además con la participación trascendental de las comunidades mapuche de Los Miches, territorio ancestral y cultural del noroeste neuquino.

Desde la Asamblea se presentó al Poder Judicial un recurso de amparo ambiental, planteando que la represa sobre el Nahueve traerá aparejadas múltiples consecuencias ambientales, sociales, de tránsito y afectación de la calidad de vida de quienes habitan la zona. Sin embargo, los tribunales no hicieron lugar a esta acción judicial.

La Asamblea montó, en la zona de obras, un campamento estable para visibilizar el conflicto. En octubre de 2020, fuerzas policiales desalojaron el campamento por medio de una brutal represión.

En un comunicado reciente, la Asamblea por el Agua del Norte Neuquino expresó que “la construcción de la represa multipropósito no se ha detenido es todos estos años, ni siquiera en períodos de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por pandemia. En la actualidad la construcción de la misma sigue sin atender la demanda de las comunidades aledañas, salvo con la represión del 14 de octubre de 2020”.

Advierte el comunicado que “frente a este panorama de avance extractivista impregnado del nuevo discurso de transición energética, que busca convencernos de que estas obras serán menos dañinas que la extracción de petróleo, les decimos que no les creemos, ya que las formas de ejecución y lógicas de pensamiento son exactamente las mismas que las del actual modelo, porque no tienen ningún tipo de reparo en los daños ambientales y sociales, como así tampoco ningún tipo de comunicación con las comunidades”.

En Santa Cruz, obedeciendo a un proyecto originalmente pensado en la década del cincuenta, en 2007 se comenzó a construir el Complejo Hidroeléctrico La Barrancosa-Cóndor Cliff. Las empresas a cargo de este proyecto son la constructora china Gezhouba Group (70 por ciento de las acciones) y las argentinas Eling e Hidrocuyo (20 por ciento y 10 por ciento de las acciones, respectivamente). Las obras todavía están en ejecución, pese a la múltiples voces que cuestionan y resisten el proyecto. “No había estudios suficientes ni para empezar la obra ni para ponerla en funcionamiento”, señala a Tierra Viva Sofía Nemenmann, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

En 2017, la comunidad mapuche-tehuelche Lof Fem Mapu, que habita en la zona de desembocadura del río Santa Cruz, elevó una demanda judicial a los gobiernos provincial y nacional debido al daño ambiental, arqueológico y cultural sobre sus territorios ancestrales. El Poder Judicial no avanzó sobre la denuncia.

Este proyecto hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz constituye el tercero de mayor importancia para la generación hidráulica en Argentina, detrás de Yacyretá y Salto Grande.

Sergio Nahuelquir, autoridad del Lof Fem Mapu, aclara que “esto afecta a nuestra cosmovisión, al medioambiente y la biodiversidad. Por eso se presentó una demanda judicial, considerando que además no se había hecho ninguna consulta. Estamos pidiendo que devuelvan restos arqueológicos y paleontológico de las comunidades que se removieron al hacer las obras de esta represa”.

El 13 de marzo pasado, las empresas a cargo de la construcción de las represas informaron el despido de 1.800 trabajadores. Se trata de las empresas Eling Energía, Hidrocuyo y la china Gezhouba Group Corporation.

Tanto en la Patagonia como en el Litoral argentino, de Chile a México y de Mozambique a China, la construcción de represas hidroeléctricas siguen generando conflictos ambientales y sociales, que convocan a repensar las formas de producir energía en el modelo capitalista, y a profundizar alternativas que no sólo prescindan de los daños sino que redunden en beneficios energéticos para las poblaciones y no solamente para las corporaciones y gobiernos de turno.

Fuente: agenciatierraviva.com.ar