El proyecto presentado recomienda al Consejo del Mercado Común (CMC) “instar a la República Federativa de Brasil a que arbitre los mecanismos legales pertinentes para la reapertura de compuertas”, y de esta forma, “regular el caudal de agua, salvaguardando el derecho fundamental del acceso al agua”.

Además, las Parlamentarias precisaron que articulaban acciones con la Cancillería argentina, ya que “existe la necesidad de encarar con urgencia y dedicación una verdadera política de estado para garantizar el derecho humano de acceso al agua potable”.

En los fundamentos del Proyecto se busca “visibilizar y encontrar soluciones a la situación que se vive hoy en la provincia de Misiones, provocado por la escasez de lluvias desde mediados de 2019 y el presunto cierre de las compuertas de determinadas centrales hidroeléctricas brasileñas”.

La histórica bajante de los ríos provoca inconvenientes con la potabilización del agua, “situación que también afecta a otras provincias de la República Argentina, por ejemplo, las que comparten el cauce del río Paraná”, aseguran las autoras del proyecto.

Por causa de los escasos recursos hídricos en las cuencas de estos tres ríos se encuentran ciudades sin agua, puertos sin profundidad, represas con escasa generación como algunos de los daños ocasionados por la seca ocurrida en Brasil el verano pasado.

Estos cursos de agua muestran una bajante histórica, que provocó, entre otras cosas, que se “secaran” las Cataratas del Iguazú y que las ciudades misioneras de Puerto Iguazú y Jardín de América se quedaran sin provisión de agua potable, ya que las bombas están ubicadas ahora por encima del nivel del río.

Durante su última participación en el Congreso, el canciller de Argentina, Felipe Solá, manifestó que pedirá un informe a Brasil.

Solo en el Río Iguazú, que nace cerca de la ciudad brasileña de Curitiba, hay seis represas hidroeléctricas: Foz de Areia, Salto Segredo, Salto Santiago, Salto Osorio, Salto Caxias y Baixo Iguazú.

Con informaciones de BAE Negocios y El Cronista