El martes 28 de julio vence la cuarta cuota de la deuda que el gobierno Nacional de Mauricio Macri tomó a favor de Mendoza para financiar la construcción de la represa Portezuelo del Viento. De los 1.023 millones de dólares de deuda, Nación ya giró unos 37 millones y el próximo desembolso es de 18,5 millones de dólares más. Hasta ahora, el gobierno de Alberto Fernández ha venido cumpliendo con esos pagos al gobierno mendocino y se descuenta que lo seguirá haciendo a pesar de que en el medio estuvo la reunión del COIRCO donde se le puso un freno a la obra.

Fue el pasado 29 de junio, cuando en el marco del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), se impuso por mayoría la postura impulsada por La Pampa de realizar un informe ambiental sobre la obra de Portezuelo del Viento. Ese días las provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires avalaron exigir un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca.

A pesar del revés de 4 a 1, Mendoza avanzó con la licitación de la represa que está proyectada sobre el río Grande, principal afluente del río Colorado.

Inmediatamente, La Pampa le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que disponga la suspensión del proceso licitatorio de la obra de la Portezuelo del Viento.

 Río Negro

En las últimas horas, hubo declaraciones del titular del Departamento del Agua de Río Negro, Fernando Curetti. El funcionario dejó en claro que Río Negro y Neuquén no se oponen a la obra en sí pero exigen condiciones: integrar los estudios de impacto ambiental, ampliar las facultades del Coirco; y no firmar el contrato hasta que haya consenso en el Coirco.

En el mismo sentido que La Pampa, Río Negro exige un nuevo estudio de impacto ambiental que integre los dos informes previos: el realizado en la zona de influencia donde se construirá la represa y el que se hizo en toda la cuenca del Río Colorado. “Queremos que se unifiquen los dos estudios”, dijo Curetti. Se debería “licitar un nuevo estudio” de impacto ambiental integrando conceptos de los dos anteriores.

Curetti remarcó que el Coirco “no es autoridad de aplicación para aprobarlo”, por lo que insistió en que eventualmente debería obtener la autorización del Ministerio de Ambiente de la Nación, como ha ocurrido con otras obras hidroeléctricas realizadas en distintas provincias (está previsto en la Ley de Obras Hidráulicas).

“Es lo que planteamos en el Comité Ejecutivo (del Coirco) como fundamentación del voto. Neuquen está de acuerdo con nosotros; sobre La Pampa y Buenos Aires desconozco, porque no emitieron opinión. Esperemos que esta propuesta sea un punto de encuentro para que se pueda concretar la obra”, remarcó el representante de Río Negro en el Coirco.

Curetti insistió en que el Coirco debe tener facultades para sancionar a Mendoza si incumple con el manejo de la represa. “Es fundamental para dar garantías de que se va a cumplir con la norma de manejo de la represa. Para eso se le dio poder sancionatorio al Coirco en su estatuto, pero se necesita que cada provincia lo apruebe en su Legislatura”, planteó Curetti, quien consideró que el fondo de garantías que propuso Rodolfo Suarez “no alcanza”.

Consultado por Memo, el representante de Río Negro en el Coirco se refirió a la licitación de la obra, proceso que inició Mendoza sin tener el aval del comité de cuenca. Al respecto, manifestó que la provincia puede avanzar, siempre y cuando estén sorteadas las diferencias antes de la firma del contrato con las empresas adjudicatarias.

“Dado los tiempos que pueden llevar todos esos trámites, se puede avanzar (con la licitación), pero no se puede realizar la firma del contrato”.

En ese escenario, Río Negro visualiza que Mendoza podría hasta adjudicar la obra, pero no firmar el contrato con las empresas que ganen la licitación. Para eso, insisten, es necesario que previamente surja el aval del Coirco y que el Ministerio de Ambiente nacional apruebe el estudio de impacto ambiental integrador que solicitan.