En la provincia de Entre Ríos, quedarán sin producir 300.000 hectáreas y ni los productores, ni la provincia, ni la Nación pueden darse ese lujo. Esto definitivamente impactará en las ciudades entrerrianas.

Sumado a la Reforma del Código Penal, que diferencia entre un funcionario lanzando bolsos por un convento con una pena de seis años de prisión y un “presunto delito ambiental” hasta 20 años, son elementos que constituyen una demagogia pocas veces vista en nuestro país.

Desde CRA tenemos un problema con los pseudo ambientalistas que están sentados en escritorios y pretenden tomar decisiones. No hay más ambientalista que el mismo productor. Hay que vivir los problemas y encontrarse con las limitantes. Por ejemplo, hay que conocer de cerca lo que sucede con los guanacos, pumas y perros asilvestrados. Del mismo modo pasa con una Ley de Humedales, donde la provincia de Corrientes puede pasar a ser directamente una reserva ecológica, y también con la visión sesgada sobre el uso de la ciencia y la tecnología indispensable para el rinde de los cultivos.

Hay una gran ausencia y un total desconocimiento en base a la ciencia y tecnología que es aplicada en el campo. Los productos fitosanitarios que los productores utilizamos, están TODOS aprobados por Senasa y validados en su uso y manipulación por el INTI y el INTA, organismos oficiales por demás reconocidos internacionalmente.

Todo esto, sumado al impacto sobre los productores de los parques nacionales creados sin ningún seguimiento ni logística, que los condena a perder sus explotaciones, y así a abandonar los campos y por consiguiente el arraigo rural.

A pesar de que tanto provincias como Córdoba y Santa Fe han desarrollado programas de BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) y avalados por la Nación, hoy todo eso se desconoce bajo el manto de la sospecha y ha quedado sumergida en la tan llamada grieta política.

Autor: Dardo Chiesa