NEUQUÉN.-La comunidad Kaxipayiñ afirmó que acató la medida cautelar solicitada por la petrolera ante la justicia federal. La operada denunció el incumplimiento del convenio que permitía el inicio de un plan de perforación.

El conflicto entre la comunidad Kaxipayiñ y YPF sigue vigente entre acusaciones cruzadas y tareas paralizadas en el yacimiento de Loma La Lata.

La semana pasada la compañía petrolera denunció que la comunidad mapuche incumplió el convenio firmado por su comisión directiva el pasado 26 de marzo, donde se acordó el inicio de un plan de perforación de 21 pozos en Loma la Lata y pidió una medida cautelar para que se liberen los accesos, que fue aceptada por la justicia federal. Sin embargo, los trabajos en el área seguirían interrumpidos.

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Por su parte la comunidad mapuche negó estar realizando medidas de fuerza y afirmó que el viernes elevó una carta documento informando a la petrolera que se iba acatar la medida cautelar dictada por la jueza Carolina Pandolfi.

A la vez, los Kaxipayiñ resaltaron que mantendrán el planteo de declarar nulo el convenio “logrado por métodos fraudulentos y por no considerar derechos básicos como la Consulta Libre Previa e Informada y por eludir en su texto la responsabilidad de YPF sobre los daños ambientales.”

Los mapuches acusaron a la petrolera de iniciar una campaña mediática en su contra“buscando aval social a la política de criminalizar y reprimir.”

Para Kaxipayiñ el acuerdo no era válido

Autoridades de Lof Kaxipayiñ emitieron un comunicado la semana pasada donde sostienen que el acuerdo que hace mención YPF “se hizo violando la buena fe y la confianza de la comunidad puesta en un proceso de diálogo. Y fundamentalmente violando un convenio de Consulta que ha regido a la relación entre Kaxipayiñ y la empresa YPF desde siempre”.

Afirmaron que el convenio “no tiene valor si no cumple los protocolos que nuestro estatuto interno exige, como es el aval de la comunidad, cuando está en juego la tierra, sus recursos y valores”.

Sostuvieron que no hubo una información previa, libre e informada porque al momento de firmar “ni los asesores jurídicos ni la comunidad estaba al tanto y menos presentes sobre los términos del acuerdo, hecho que genera un precedente muy grave para nuestro futuro”.

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Dicen que se generó “por una permanente presión y coerción que genera YPF a través de su urgencia en explotar a cualquier precio”.

Marcaron que si bien es fundamental la presencia de un apoyo legal ante una negociación de esa magnitud “la premura de YPF por lograr la firma, impidió ese acto de mínima igualdad en una acuerdo” y los firmantes del mensaje reconocen su “error y por eso el werken firmante sin haber contemplado estas consecuencias, presentó su renuncia al cargo, como ejemplo de un error que no se debe repetir”.

Pidieron que la Justicia llame a un acuerdo de partes que tenga como base “la constitución y las leyes” pero que no solo favorezca “al mercado y a la explotación”.

La medida cautelar

La magistrada hizo lugar a la medida cautelar que solicitó la operadora para que se permite el libre acceso a los predios y el libre desarrollo de las tareas planificadas en el Proyecto INFILL 2018 para el área de concesión Loma La Lata – Sierra Barrosa.

En el escrito la jueza señala que en el convenio “la Comunidad se comprometió a no entorpecer las tareas del Proyecto INFILL 2018 ni las inherentes a la operación del área”. Cuenta que con posterioridad a su firma, la Comunidad pretendió rescindirlo lo que fue rechazado por la empresa petrolera.

El documento destaca que los demandados no son titulares dominiales de los predios en los que se desarrolla la actividad del Proyecto INFILL 2018 sino que son de propiedad de la Provincia de Neuquén.

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Se marca que las tareas fueron impedidas desde el 20 de abril y trae “graves daños para la empresa”. Entre los prejuicios menciona que “el equipo que debía perforar la locación se encuentra en stand by, se retrasó las tareas en el siguiente pozo, y se están abonando sueldos al personal que no está realizando la tarea prevista”.

Aclara que aunque la demanda no fue dirigida contra dicha Comunidad sino contra dos personas físicas ajenas al convenio “resultarían dirigentes de la misma a tenor de la personería invocada para suscribir el convenio en su representación”.

Desde YPF afirmaron que la interrupción a la fuerza del proyecto pone en riesgo más de 160 puestos de empleo y genera pérdidas por más de 60 millones de pesos para la Provincia.

Pandolfi argumentó que decidió dar lugar a la medida cautelar ya que se observó la verosimilitud del derecho que señaló el denunciante (YPF) y consideró justificado “el peligro en la demora, frente a los perjuicios diarios que la situación provoca en términos económicos y de mengua en la producción del hidrocarburo”.

Fuente: Diario Rio Negro Neuquén