Vale recordar que la Asociación de Abogados Ambientalistas (AAA) y la Fundación Banco de Bosques interpusieron el año pasado dos medidas cautelares que frenaron el arranque de las obras principales de las represas sobre el río Santa Cruz.

Los mismos llegaron a instancia de la Corte Suprema de Justicia que condicionó el levantamiento de las mismas a que se concretaran nuevos estudios de impacto ambiental que deberían ser debatidos en una audiencia pública en el Congreso de la Nación.Todos estos pasos se cumplimentaron y se presentaron en la Justicia para poder destrabar el reinicio de las obras.

El pasado 22 de septiembre, la juez a cargo del Juzgado Nº 12 en lo Contencioso Administrativo Federal, Marra Giménez, levantó la cautelar y falló rechazando el recurso de amparo que había presentado la AAA y el viernes 6 de octubre hizo lo propio con la presentación de la Fundación Banco de Bosques.

En su sentencia, la magistrada dio por cumplidos los condicionamientos que había interpuesto la Corte y por lo tanto dejó extinta la medida cautelar que pesaba sobre las obras, con lo cual quedó despejado el camino para que las represas Presidente Kirchner y Jorge Cepernic puedan retomarse a pleno. Por otro lado, es dable recordar que incluso antes de las medidas cautelares el proyecto hidroeléctrico había quedado paralizado a poco de asumir las nuevas autoridades nacionales, las cuales decidieron readecuarlo.

Ello implicó un recorte presupuestario de casi 1.500 millones de dólares, negociaciones con la UTE y con el gobierno de China, además de la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental, que luego debió ser sometido a la Audiencia Pública en el Congreso.

NO HAY MARCHA ATRAS

El diario La Opinión Austral señaló en su edición de ayer que la Asociación de Abogados Ambientalistas ya apeló el rechazo de su amparo, en tanto la Fundación de Bosques adelantó que hará lo mismo respecto de su presentación.

En el caso de la primera, el argumento es que los fundamentos de la juez “carecen de veracidad, de legalidad ambiental y de respeto a la totalidad de cuestiones que obstaculizan permitir la construcción de las represas”, insistiendo en que habrá “daño ambiental” si se concreta la obra.De todas formas, pese a que se concreten dichas apelaciones, salvo que haya una revocación de la decisión de primera instancia, nada obsta para que las actividades en las dos villas montadas a la vera del río Santa Cruz puedan recuperar la actividad plena que la obra requiere.

Con las reformas, las represas pasarán de 1.740 a 1.290 megavatios y el costo total ascendería a los 4.700 millones de pesos, casi un 20% menos que lo pactado por el gobierno anterior, que se estimaba en poco más de 6.000 millones. Además, se agregó un complemento de una línea de alta tensión de 500 kilovatios.