En medio del escándalo político desatado por la desaparición de Santiago Maldonado en Esquel crece una terrible tormenta llamada “violencia RAM” que amenaza el futuro de las inversiones extranjeras en la Argentina, tiene en vilo a los productores y petroleros de la Patagonia y se convirtió en una fuerte preocupación para el Gobierno.

Pocos funcionarios de la Casa Rosada se animan a plantear abiertamente el tema por temor a que los cuestionen por la falta de oportunismo político ante el irresuelto caso del artesano Santiago Maldonado. Pero lo cierto es que el accionar de los grupos mapuches violentos que incluye la usurpación de tierras, los ataques a pozos petroleros y campos, el conflicto permanente con sectores del ámbito privado y los saqueos a estancias y el daño a la economía sureña ya es tema de alerta nacional. El propio presidente Mauricio Macrirecibió en las últimas semanas señales directas de empresarios extranjeros que advierten sobre los peligros que puede desembocar para las inversiones el avance de estos grupos si el gobierno no pone un freno. El grupo de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) hizo estragos en Chubut y Río Negro. Pero quizás el caso más sensible en términos económicos para el Gobierno hoy es el accionar de un grupo minoritario violento nucleado a la Confederación Mapuche de Neuquén, que amenaza el futuro de una de las mayores promesas de ingreso de capitales en la Argentina: el yacimiento de Vaca Muerta.

“La ausencia del Estado y la falta de acciones de la Justicia durante los últimos años hizo que estos grupos violentos se apropien de todo y no se haya planteado una política coordinada hacia los pueblos originarios con sus reclamos genuinos”, admitió a Infobae un encumbrado funcionario del Gobierno.

Desde el Ministerio de Seguridad se elaboró un informe detallado con las 77 acciones delictivas del grupo RAM y señalan que “es imprescindible que el Estado asegure la defensa de la propiedad privada así como el reclamo mapuche en el marco de la ley y neutralizando toda violencia”.

El ministerio que dirige Patricia Bullrich está en el ojo de la tormenta y abocado enteramente a la resolución del caso Maldonado. Pero tienen en claro que tarde o temprano deberán hacer frente al problema de la violencia RAM. Para ello, la Secretaría de Fronteras dispuso acuerdos con Chile para reforzar los controles en más de 20 pasos ilegales de la Cordillera. Esto permitirá neutralizar el accionar de los RAM en conexión con otro grupo más numeroso y violento que hace estragos en Chile y se denomina Comunidad Arauco Malleco (CAM). También desde el Ministerio de Seguridad se está realizando una ronda con fiscales, jueces y fuerzas de seguridad de Chubut, Río Negro y Neuquén para frenar los actos violentos.

La desaparición de Maldonado en Chubut que señala a la Gendarmería como uno de los actores presuntamente responsables del caso desarticuló cualquier tipo de accionar de esa fuerza para frenar los saqueos y ataques de los RAM. El Gobierno deberá pensar ahora en la Policía Federal o la Prefectura para combatir los delitos en el Sur ante el desprestigio que generó el caso Maldonado para la Gendarmería.

La falta de protección del Estado ante los violentos avances mapuches también fue tema de análisis esta semana en la Casa Rosada durante una reunión que mantuvo Bullrich con el ministro del Interior Rogelio Frigerio y los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez,y de Río Negro, Alberto Weretilneck. Estos mandatarios pidieron ayuda al gobierno para frenar la violencia de sectores mapuches en áreas económicas sensibles.

El accionar de los grupos mapuches violentos en pozos petroleros, estancias o parajes de riego también es tema de preocupación de inversores y diplomáticos extranjeros. Hace dos semanas, el presidente de ExxonMobil, Darren Woods, se reunió con el presidente Macri para plantearle un proyecto de inversión de US$ 200 millones en la formación de recursos no convencionales de Vaca Muerta. Pero allí surgió la preocupación concreta del empresario ante el avance de los grupos mapuches violentos que amenazan la continuidad de las actividades petroleras de la zona.

“Confiamos que en la Argentina impere el Estado de derecho y se proteja tanto a la propiedad privada como el futuro de los emprendimientos económicos”, destacó a Infobaeun embajador europeo al hacerse eco de la preocupación que impera entre los inversores extranjeros.

Para los productores y empresarios de Neuquén el tema de la violencia de algunos grupos mapuches es alarmante y no tiene solución a la vista. Anteayer, un amplio grupo de productores, cámaras de petroleros e industriales elevó una carta al gobernador Gutiérrez en la que advirtieron que los hechos violentos de un sector de la comunidad mapuche “están afectando el desarrollo normal de actividades económicas muy importantes”. No sólo eso. En el texto de la carta a la que accedió Infobae se destaca una advertencia: “Esta situación provoca un clima de inseguridad jurídica jurídica que desalienta la inversión, pone en riesgo una gran cantidad de puestos de trabajo y genera incertidumbre hacia el futuro, frenando el desarrollo económico de la provincia”.

La carta fue firmada, entre otros, por la Sociedad Rural de Neuquén, la Cámara Industrial Petrolera de Neuquén, la Cámara Minera, el Consorcio de Riego Tratayen, la Cámara de Productores Agropecuaruos de Añelo y las Industrias Cárnicas Neuquinas. Pablo Servi, secretario del Consorcio de Riego de Tratayen y uno de los impulsores de elevar esa carta al gobernador explicó a Infobae que “el avance de grupos violentos mapuches con la usurpación de tierras y ataques hará inviable en el futuro la actividad económica de Neuquén si el gobierno no toma cartas en el asunto cuanto antes”. Servi lanzó una dura advertencia: “si no se hace algo por este tema será inviable el proyecto de Vaca Muerta”.

En esta misma línea de análisis Marcelo Elizondo, que dirige la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales, expresó a Infobae que “para que haya desarrollo económico se necesita del capital institucional, el capital productivo y el capital relacional. Este último es que los actores económicos y sociales tengan capacidad de interactuar. Pero en este caso los conflictos sociales que hay ahora en la Argentina desalientan la inversión extranjera”.

En Chile, el avance de los violentos mapuches de la CAM está haciendo estragos y la situación es más grave que en la Argentina. El embajador de Chile en Buenos Aires, Antonio Viera-Gallo, que fue coordinador de los temas indígenas en el primer gobierno de Michel Bachelet, admitió que “es muy difícil lidiar con esta problemática de grupos violentos y dar soluciones”. No obstante, el embajador chileno propone como eventual solución al conflicto la aplicación del denominado “método maori” que tomó Nueva Zelanda para conciliar los intereses de los colonos europeos con el de los aborígenes maoríes. Este método es simple: incluir a los indígenas en el proceso de producción económica de los sectores privados y del Estado. Pero la receta no parece sencilla de aplicarse en Chile o en la Argentina.

Desde la Casa Rosada apuntan a un tema central en esta problemática y aún no resuelto: la entrega de tierras y escrituras del Estado a grupos mapuches está frenada porque todavía no se confeccionó un registro de definitivo de tierras en base a la ley de pueblos originarios. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas debe definir aun el registro de propiedades para que se empiece a dar solución al conflicto de las tierras en la Patagonia.

El caso Maldonado representa hoy un grave problema político para el gobierno de Macri. Pero también será necesario atender el impacto económico de los grupos mapuches violentos.

Fuente: http://www.infobae.com/politica/2017/09/10/violencia-mapuche-crece-la-preocupacion-del-gobierno-y-de-los-inversores-extranjeros-por-el-impacto-economico/