{"id":39177,"date":"2017-12-02T09:00:13","date_gmt":"2017-12-02T12:00:13","guid":{"rendered":"http:\/\/patagoniambiental.com.ar\/info\/?p=39177"},"modified":"2017-12-01T21:36:58","modified_gmt":"2017-12-02T00:36:58","slug":"conflicto-rio-atuel-la-corte-ordeno-a-las-provincias-de-la-pampa-y-mendoza-la-presentacion-de-un-programa-de-obras-con-la-participacion-del-estado-nacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/patagoniambiental.com.ar\/info\/conflicto-rio-atuel-la-corte-ordeno-a-las-provincias-de-la-pampa-y-mendoza-la-presentacion-de-un-programa-de-obras-con-la-participacion-del-estado-nacional\/","title":{"rendered":"Conflicto R\u00edo Atuel: la Corte orden\u00f3 a las provincias de La Pampa y Mendoza la presentaci\u00f3n de un programa de obras con la participaci\u00f3n del Estado Nacional"},"content":{"rendered":"
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El voto de la mayor\u00eda (Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti) resalt\u00f3 que este conflicto entre las dos provincias, es distinto del que resolviera la Corte en 1987,\u00a0 debe resolverse en base a un federalismo de concertaci\u00f3n que supere enfoques separatistas para lo cual el Tribunal debe ejercer su competencia dirimente. Dijo que el caso, en su visi\u00f3n actual, involucra un problema ambiental; que existe un derecho al agua que debe superar el modelo dominial para ser ecoc\u00e9ntrico sist\u00e9mico. Sostuvo que el acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, y es fundamental su protecci\u00f3n para que la naturaleza mantenga su funcionamiento como sistema y su capacidad regenerativa y de resiliencia. Tambi\u00e9n afirm\u00f3 que la lucha contra la desertificaci\u00f3n implica enfocarse en la oferta de agua, y no s\u00f3lo en el derecho al agua como demanda. En funci\u00f3n de ello se orden\u00f3 que deber\u00e1n presentar un plan de obras, la distribuci\u00f3n de sus costos, dentro del \u00e1mbito de la Comisi\u00f3n Interprovincial del Atuel Inferior, debiendo participar el Estado Nacional. Asimismo se orden\u00f3 a las partes fijar un caudal h\u00eddrico apto para la recomposici\u00f3n del ecosistema afectado en el noroeste de la provincia de La Pampa en el plazo de 30 d\u00edas. Enfatiz\u00f3 adem\u00e1s la necesidad de abordar el conflicto del Atuel desde una perspectiva de unidad -como una cuenca h\u00eddrica- dado que los recursos naturales son interdependientes y deben ser cuidados de manera integrada.<\/p>\n

El Dr Rosenkrantz, por su parte, manifiesta diferencias en cuanto al modo de ejercer la jurisdicci\u00f3n dirimente, y se\u00f1ala que este es un conflicto distinto del que resolviera la Corte en 1987. Es un proceso ambiental que comprende todo el ecosistema del noroeste de la Provincia de la Pampa, que se concentra en la desertificaci\u00f3n, que admite muchas causas, y cuya soluci\u00f3n es prospectiva. Por ello, en esta instancia preliminar, decide que las Provincias de La Pampa, Mendoza y Estado Nacional tienen libertad para resolver el modo en que deben cooperar, pero deben presentar un plan donde definan las medidas, sus costos, beneficios y qui\u00e9n los soporta.<\/p>\n

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RESUMEN DE LOS VOTOS<\/b><\/p>\n

EL VOTO DE LA MAYOR\u00cdA (LORENZETTI, HIGHTON, MAQUEDA, ROSATTI)<\/b><\/p>\n

En el marco de la demanda iniciada por la Provincia de la Pampa contra la provincia de Mendoza por el uso y aprovechamiento del r\u00edo Atuel, la Corte Suprema resolvi\u00f3 que esas dos provincias -en forma conjunta con el Estado Nacional- deber\u00e1n elaborar por intermedio de la Comisi\u00f3n Interprovincial del Atuel Inferior (C.I.A.I.) un programa de ejecuci\u00f3n de obras para resolver el conflicto.<\/p>\n

La presentaci\u00f3n de ese programa deber\u00e1 ser sometido a la aprobaci\u00f3n de la Corte Suprema dentro del plazo de 120 d\u00edas.<\/p>\n

El programa se\u00f1alado deber\u00e1 contemplar diversas alternativas t\u00e9cnicas en relaci\u00f3n a la problem\u00e1tica del r\u00edo Atuel; los costos de la construcci\u00f3n de las obras y su modo de distribuci\u00f3n entre los tres estados mencionados. Tambi\u00e9n deber\u00e1 contemplar sus beneficios, las urgencias de las poblaciones circundantes, la defensa del acceso al agua potable, la participaci\u00f3n de las comunidades originarias radicadas en la regi\u00f3n, como asimismo la sostenibilidad de la actividad econ\u00f3mica productiva y la del ecosistema. La Corte orden\u00f3 adem\u00e1s a las partes que fijen un caudal h\u00eddrico apto en el plazo de 30 d\u00edas para la recomposici\u00f3n del ecosistema afectado en el noroeste de la provincia de La Pampa.<\/p>\n

La demanda iniciada por la Pampa en 2014 que origina esta resoluci\u00f3n<\/p>\n

En su demanda, La Pampa sostiene que Mendoza incumple la obligaci\u00f3n de negociar y celebrar de buena fe los convenios para regular los usos del r\u00edo Atuel. Afirma que la mayor prueba de su mala fe es la maliciosa demora en el tratamiento y el posterior rechazo por su legislatura del convenio marco de 2008, que preve\u00eda un plan de obras a realizar y financiar por las dos provincias involucradas y por el Estado Nacional. Solicita que se declare la presencia de da\u00f1o ambiental, como consecuencia de los incumplimientos se\u00f1alados y se ordene su cese y la recomposici\u00f3n del ambiente. Sostiene adem\u00e1s que debe fijarse un caudal de agua m\u00ednimo a ingresar al territorio pampeano, teniendo en cuenta el derecho humano al agua, al crecimiento arm\u00f3nico y equilibrado entre las provincias.<\/p>\n

La competencia dirimente del Tribunal<\/p>\n

El tribunal sostuvo que su intervenci\u00f3n en el presente litigio se enmarca en el art\u00edculo 127 de la Constituci\u00f3n Nacional, seg\u00fan la cual las quejas de las provincias \u201cdeben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella\u201d. La Corte Suprema resalt\u00f3 la necesidad de respetar el principio de lealtad o buena fe federal para avanzar en la resoluci\u00f3n de este conflicto, conforme al cual en el juego arm\u00f3nico de competencias, deben evitarse abusos en el ejercicio de las competencias para alcanzar de forma cooperativa la funcionalidad de la estructura federal en su conjunto. En este marco -concluy\u00f3 en este punto el Tribunal-, frente a la existencia de tensiones en las relaciones inter-jurisdiccionales, es necesario asumir una percepci\u00f3n propia de un federalismo de concertaci\u00f3n, que supere los enfoques disyuntivos o separatistas.<\/p>\n

El rechazo de la excepci\u00f3n de cosa juzgada planteada por Mendoza<\/p>\n

La Corte rechaz\u00f3 que este conflicto fuese id\u00e9ntico al que resolvi\u00f3 en 1987 entre las mismas provincias, y por ello deneg\u00f3 la excepci\u00f3n de cosa juzgada planteada por Mendoza. Para as\u00ed decidir,\u00a0 tuvo en consideraci\u00f3n que si bien en el caso se configura un conflicto entre las dos provincias involucradas acerca del uso del r\u00edo Atuel -que ha sido calificado como interprovincial-, las cuestiones sometidas a decisi\u00f3n de esta Corte en este caso resultan diferentes a las que se describen en la sentencia del 3 de diciembre de 1987 (Fallos: 310:2478), porque con el paso de los a\u00f1os, el conflicto involucra ahora aspectos vinculados con la visi\u00f3n integral del ambiente como la que emana de la cl\u00e1usula ambiental de nuestra Constituci\u00f3n a partir de la reforma de 1994. Esta calificaci\u00f3n -explica el Tribunal- \u201ccambia sustancialmente el enfoque del problema, cuya soluci\u00f3n no s\u00f3lo debe atender a las pretensiones de los estados provinciales, ya que los afectados son m\u00faltiples y comprende una amplia regi\u00f3n. Por esta raz\u00f3n, la soluci\u00f3n tampoco puede limitarse a resolver el pasado, sino, y fundamentalmente, a promover una soluci\u00f3n enfocada en la sustentabilidad futura, para lo cual se exige una decisi\u00f3n que prevea las consecuencias que de ella se derivan. Se pone de resalto que la regulaci\u00f3n jur\u00eddica del agua ha pasado de un modelo antropoc\u00e9ntrico, puramente dominial, – que en gran medida est\u00e1 presente en el conflicto resuelto mediante la sentencia de 1987-, a un modelo ecoc\u00e9ntrico sist\u00e9mico.<\/p>\n

El derecho humano de acceso al agua potable<\/p>\n

El Tribunal tambi\u00e9n resalt\u00f3 que en el presente conflicto ten\u00eda una consideraci\u00f3n central el derecho humano al agua potable. Sostuvo que el acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, raz\u00f3n por la cual debe ser tutelado por los jueces y en el campo de los derechos de incidencia colectiva, por lo que es fundamental la protecci\u00f3n del agua para que la naturaleza mantenga su funcionamiento como sistema y su capacidad regenerativa y de resiliencia. Tanto las Naciones Unidas como la OEA han reconocido el derecho al agua por resoluci\u00f3n 64\/292, \u201cEl Derecho Humano al Agua y el Saneamiento\u201d, en 2010, y AG\/RES. 2760 (XLII-O\/12) \u201cEl Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento\u201d, respectivamente. Esta declaraci\u00f3n ha sido reiterada en numerosos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encuentros internacionales y nacionales. El derecho al agua potable, se especifica en el presente caso, en el derecho a un caudal h\u00eddrico que asegure la recomposici\u00f3n ambiental.<\/p>\n

La lucha contra la desertificaci\u00f3n en la regi\u00f3n<\/p>\n

Seguidamente consider\u00f3 que se presenta una cuesti\u00f3n jur\u00eddica relevante en relaci\u00f3n a la desertificaci\u00f3n. Afirm\u00f3 que de las im\u00e1genes proyectadas en la Audiencia P\u00fablica, e incluso de las manifestaciones de las partes en el caso, surge de manera clara el estado de sequ\u00eda y desertificaci\u00f3n que caracteriza la regi\u00f3n pampeana en la Cuenca. Este hecho probado, dijo el tribunal, tiene implicancias jur\u00eddicas, ya que nuestro pa\u00eds suscribi\u00f3 la \u201cConvenci\u00f3n de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificaci\u00f3n en los Pa\u00edses Afectados por Sequ\u00eda Grave o Desertificaci\u00f3n, en particular en \u00c1frica\u201d, adoptada en Par\u00eds, Rep\u00fablica Francesa, y la ratific\u00f3 mediante la ley 24.701. En virtud de esa convenci\u00f3n,\u00a0 la Argentina debe otorgar prioridad a la lucha contra la desertificaci\u00f3n y a la mitigaci\u00f3n de los efectos de la sequ\u00eda; tambi\u00e9n asignar los recursos suficientes para hacerlo de acuerdo a sus capacidades y a las circunstancias.<\/p>\n

Agreg\u00f3 que la lucha contra la desertificaci\u00f3n implica enfocarse en la oferta de agua, y no s\u00f3lo en el derecho al agua como demanda. Ello significa que es necesario identificar posibles fuentes de provisi\u00f3n con una mayor amplitud, abarcando toda la cuenca y las regiones afectadas. De ello se desprende la obligaci\u00f3n del Estado Nacional de destinar recursos para combatir la sequ\u00eda grave o desertificaci\u00f3n, con una visi\u00f3n que comprenda toda la cuenca.<\/p>\n

La visi\u00f3n integral de cuenca h\u00eddrica<\/p>\n

La Cuenca del R\u00edo Atuel es un sistema integral, que se refleja en la estrecha interdependencia entre las diversas partes del curso de agua. El Tribunal resalt\u00f3 en ese sentido la importancia de abordar el conflicto desde esa perspectiva integral de cuenca h\u00eddrica. Explic\u00f3 en este punto que la soluci\u00f3n del caso requiere la adopci\u00f3n de medidas referidas a la cuenca en general y no limitadas a las jurisdicciones territoriales, porque los conflictos ambientales no coinciden con las divisiones pol\u00edticas o jurisdiccionales. Remarc\u00f3 que la concepci\u00f3n misma de la cuenca h\u00eddrica es la de unidad, en la que se comprende al ciclo hidrol\u00f3gico en su conjunto, ligado a un territorio y a un ambiente en particular.<\/p>\n

Precis\u00f3 que la cuenca hidrogr\u00e1fica es el eje de la acci\u00f3n a cargo del Organismo de Cuenca. Las cuencas son \u00e1mbitos f\u00edsicos dentro de los cuales los distintos usos y efectos de los recursos h\u00eddricos y los dem\u00e1s recursos naturales son naturalmente interdependientes y por tal motivo deben ser usados y conservados de manera integrada. La regla es el tratamiento de la cuenca hidrogr\u00e1fica como unidad de gesti\u00f3n, a cargo de un Organismo de Cuenca, en contraposici\u00f3n al manejo sectorizado de la acci\u00f3n; en Argentina, se refleja como Principio Rector N \u00ba 17 de \u00abGesti\u00f3n Integrada del Recurso H\u00eddrico\u00bb, de los Principios Rectores de Pol\u00edtica H\u00eddrica aprobados por el COHIFE (Consejo H\u00eddrico Federal).<\/p>\n

La Corte resalt\u00f3 que esta visi\u00f3n se inscribe en la evoluci\u00f3n que ha tenido el concepto de manejo de cuencas: ha ido variando desde un enfoque orientado b\u00e1sicamente a la captaci\u00f3n de agua a otros niveles m\u00e1s complejos, como los de protecci\u00f3n de los recursos naturales y la mitigaci\u00f3n del efectos de fen\u00f3menos naturales extremos, para luego pasar a los de mejora de la producci\u00f3n (agr\u00edcola, industrial, ganadera, minera, forestal) en forma combinada con el manejo integrado de los recursos naturales de una cuenca.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n Interprovincial del Atuel Inferior como \u00e1mbito de resoluci\u00f3n del conflicto<\/p>\n

La Corte Suprema estableci\u00f3 que el programa de ejecuci\u00f3n de obras debe elaborarse en el marco de la Comisi\u00f3n Interprovincial del Atuel Inferior (C.I.A.I.), en el entendimiento de que se trata de un organismo creado por las propias provincias interesadas, justamente para dar respuesta al conflicto. Para asegurar que ese objetivo sea cumplido, el Tribunal precis\u00f3 que las provincias y el Estado Nacional deber\u00e1n aportar los recursos necesarios para fortalecer institucionalmente a la Comisi\u00f3n Interprovincial del Atuel Inferior<\/p>\n

El Tribunal enfatiz\u00f3 que dicha Comisi\u00f3n Interprovincial es el organismo formalmente constituido por las partes a los efectos de llevar adelante las tratativas tendientes a lograr un entendimiento respecto al aprovechamiento de las aguas del r\u00edo Atuel, en el marco de un federalismo de coordinaci\u00f3n (contrario al federalismo de oposici\u00f3n) superador de conflictos est\u00e9riles entre Estados integrantes de una sola Naci\u00f3n.<\/p>\n

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Disidencia del Dr Rosenkrantz<\/b><\/p>\n

<\/b>En su disidencia, el Ministro Rosenkrantz vot\u00f3 por el rechazo de la excepci\u00f3n de cosa juzgada opuesta por la provincia de Mendoza. Consider\u00f3 que este caso se trata de una controversia diferente a la ya decidida por los Ministros Belluscio, Petracchi, Severo Caballero y Bacqu\u00e9 en 1987 (Fallos, 310:2478). Sin embargo, hizo la aclaraci\u00f3n que, cualquier medida que se tome en este proceso, debe evitar socavar el entramado social y econ\u00f3mico que ha tenido lugar al amparo de la decisi\u00f3n anterior de la Corte pues no deben destruirse bienes de costoso reemplazo de los que depende el bienestar de las poblaciones de las provincias involucradas.<\/p>\n

Afirm\u00f3 que es inapropiado considerar el conflicto como relacionado con los derechos sobre las aguas del r\u00edo Atuel, lo que s\u00ed sucedi\u00f3 en el caso anteriormente decidido por la Corte, y que este caso se trata de una problem\u00e1tica ambiental de mayor complejidad y alcance.<\/p>\n

Sostuvo que en el caso no se ha producido todav\u00eda prueba sobre las cuestiones de hecho alegadas por las partes por lo que es prematuro adoptar medidas que, para ser justas y eficaces, requieren mayor informaci\u00f3n sobre la naturaleza, extensi\u00f3n y causas de los da\u00f1os ambientales invocados por la provincia de La Pampa.<\/p>\n

No obstante lo anterior, en raz\u00f3n de las particulares caracter\u00edsticas de la jurisdicci\u00f3n que el art\u00edculo 127 de la Constituci\u00f3n asigna a la Corte Suprema, que incluye atribuciones de car\u00e1cter conciliatorio, el ministro Rosenkrantz estim\u00f3 que la oportunidad era propicia para, mediante una decisi\u00f3n ordenatoria, impulsar la b\u00fasqueda de un acuerdo entre las provincias de La Pampa y Mendoza que ponga fin al conflicto que las separa. Con tal prop\u00f3sito dispuso que las partes elaboren un plan que permita superar las diferencias vinculadas con la recomposici\u00f3n del ecosistema del noroeste de la provincia de La Pampa de acuerdo y en conjunto con el Estado Nacional.<\/p>\n

En orden a maximizar las probabilidades de que el plan que ordena realizar sea ejecutado, opin\u00f3 que el Estado Nacional debe participar en la preparaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del plan, dado que no s\u00f3lo cuenta con mayor capacidad t\u00e9cnica y financiera que las provincias, sino que adem\u00e1s, en el combate contra la sequ\u00eda y la desertificaci\u00f3n, tiene deberes propios y directos<\/p>\n

Sugiri\u00f3 que son las partes del conflicto quienes, por un lado, deben elegir el \u00e1mbito apropiado de discusi\u00f3n \u2013por lo que les dio libertad para elegir la instituci\u00f3n en el contexto de la cual las discusiones deben llevarse adelante- as\u00ed como, por el otro, el contenido de los acuerdos a los que pueda llegarse. Se\u00f1al\u00f3, de todas maneras, que las partes, deber\u00edan primero acordar tanto un mecanismo para solucionar las controversias de detalle que pudieran surgir en la ejecuci\u00f3n del programa como un criterio para distribuir los costos que dicha ejecuci\u00f3n demande.<\/p>\n

En su voto el Ministro Rosenkrantz estableci\u00f3 que las partes deben compartir los costos que la elaboraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del plan ordenado irroguen. Como pautas a tomar en cuenta para establecer el modo justo en que dichos costos deben distribuirse mencion\u00f3: 1) el beneficio que cada una de las jurisdicciones obtiene en sus bienes o en los bienes de los particulares radicados en su territorio por la ejecuci\u00f3n del plan; 2) los perjuicios a esos mismos bienes; 3) los beneficios derivados del mayor desarrollo econ\u00f3mico que pueda verificarse en las respectivas econom\u00edas por la ejecuci\u00f3n del plan; y 4) el hecho de que el ambiente sano es un bien que debe ser garantizado a todos los argentinos y no solamente a los habitantes de las provincias afectadas.<\/p>\n

El ministro Rosenkrantz sostuvo que su decisi\u00f3n se fundaba en el entendimiento de que frente a la necesidad de dar respuesta a un problema ambiental compartido, todos los involucrados deben contribuir.<\/p>\n

Finalmente, para el caso en que las partes no lleguen a ning\u00fan acuerdo, mencion\u00f3 que ejercer\u00e1 la jurisdicci\u00f3n propiamente judicial.<\/p>\n

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Fuente:\u00a0http:\/\/www.cij.gov.ar\/nota-28698-Conflicto-R-o-Atuel–la-Corte-orden–a-las-provincias-de-La-Pampa-y-Mendoza-la-presentaci-n-de-un-programa-de-obras-con-la-participaci-n-del-Estado-Nacional.html<\/p>\n

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