En Chubut hay más de 110 comunidades de pueblos originarios. Según dimensiona Amnistía Internacional, que inició un registro de conflictos a nivel nacional, en esta provincia hay ocho conflictos activos registrados. Siete están vinculados a problemáticas de territorio y uno al medio ambiente. Sin embargo, especialistas en la materia, confirmaron que existen más casos.
La recuperación de territorio en la zona de Santa Rosa de Leleque, en una estancia propiedad de la multinacional Benetton, puso ya el año pasado en esta fecha en escena a los pueblos originarios de Chubut y un reclamo histórico vinculado a la recuperación de tierras ancestrales, despertando opiniones a favor y en contra. Este año fue mas complejo y hubo intervenciones intempestivas de parte de los mapuches y represión por parte de las fuerzas de seguridad.
Más allá de las percepciones, hoy la problemática vinculada al territorio es la principal inquietud que tienen las distintas comunidades originarias en Chubut. Así lo indican diversos especialistas en un reporte de 2016 que mantenía la inquietud sobre el tema, publicado por el periódico Patagónico. También desde la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que desde hace años trabaja en la temática y en los últimos dos ejecuta un curso de Promotor Jurídico Indígena que reúne a integrantes de diferentes comunidades, hubo pronunciamientos diversos, y no de ahora, que todo el ruido mediático y político se simplifica a este hecho puntual, sino desde hace rato, alertando sobre la necesidad de dirimir estas brechas de entendimiento.
“Los grupos consultados identificaron el tema del territorio como el que más les preocupaba, según su criterio, su vivencia y su experiencia. Si bien se habló de educación, medioambiente, el territorio fue la principal preocupación. A esto se suman los problemas de energía y otros servicios básicos, entre otras carencias que son relevantes, pero nunca más allá de la tierra.”, comentó Daniel Loncón, miembro de la cátedra y descendiente del pueblo mapuche, como él mismo se reconoce, pese a no integrar ninguna comunidad.

Los pasos necesarios

Según datos relevados por El Patagónico, en la provincia hay más 110 comunidades originarias y cerca del 80 por ciento de ellas están registradas en la Escribanía General de Gobierno de Chubut y en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, organismos del Estado que funcionan en forma paralela.
Su asentamiento se da principalmente en la zona de la Meseta: Cushamen, Telsen, Gan Gan y Sierra Cuadrada. También en Río Mayo y Sarmiento, en la zona de Buen Pasto. Además de la Comarca Andina con comunidades en El Maitén, Lago Puelo y Esquel, ciudad donde hay una fuerte presencia que incluso llevó a continuar el curso de promotores en ese poblado.
Sin embargo, por el momento solo 50 de esas comunidades, según datos oficiales, fueron objeto del Programa de Relevamiento Territorial que se inició tras la sanción de la Ley 26.160, la cual legisló que se suspendan todos los desalojos hasta que finalice el trabajo. De ellas, solo 20 recibieron sus carpetas técnicas, por lo que consideran esencial que se trabaje en su finalización como primer paso para avanzar en la problemática.
“Es necesario, porque indudablemente el territorio es el eje del conflicto”, explicó Sonia Ivanoff, coordinadora de la cátedra de Pueblos Originarios y de la primera etapa del relevamiento. “La cuestión es que el territorio le da identidad a las personas, ideológicamente también lo hace distinto porque engloba una serie de situaciones y parece que defenderlo ya te hace un terrorista”, consideró.
“Y esto está en contradicción contra un Estado que es proclive a pedir perdón, pero que sigue con prácticas discriminatorias y de empobrecimiento, porque los pueblos indígenas viven mal, y así y todo le dan sentido y siguen revitalizando ese territorio”, agregó la abogada.

Zona de conflicto

La percepción del territorio de Ivanoff, coincide con los datos preliminares del registro de conflicto que elabora Amnistía Internacional, el cual se encuentra en etapa de elaboración (puede ser visto a través del portal www.territorioindigena.com.ar donde se pueden denunciar nuevos casos) e indica que en esta provincia hay ocho conflictos activos: siete territoriales y uno ambiental.
Los mismos tienen lugar en el Lof Sacamata Liempichún de Río Senguer, la Comunidad Mapuche Lago Rosario, la Comunidad Mapuche-Tehuelche Prane, la Comunidad Vuelta del Río (Familia Fermín), Lof Liempe, Comunidades Cañio, Ñiripil y Sepúlveda y Lof Cayún. Sin embargo, no representan el total.
Así lo indicó Eduardo Hualpa, presidente de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), quien confirmó que existen un sinnúmero de reclamos más allá de estos datos parciales.
“No hay un trabajo estadístico que pueda responder una pregunta de forma específica. Hay muchos más, estamos acercando material y es un elemento que va a responder la pregunta dentro de un tiempo”, explicó el letrado en referencia al trabajo de Amnistía.
“Pero el relevamiento a la tierra es el tema, porque sin ese reconocimiento es muy difícil ejercer los demás derechos y trabajar otras cosas, porque parecen ser reclamos de respeto de los derechos y la visuavilización de los pueblos indígenas y de los conflictos. Y los estados son reticentes a darles trato de sujeto político a los pueblos indígenas. Están más dispuestos a generar becas, títulos, pero no el reconocimiento territorial colectivo y mucho menos cuando hay de por medio particulares donde es casi imposible interceder”, consideró.
Otro aspecto que preocupa respecto a la problemática es la judicialización de los conflictos, lo que Ivanoff considera erróneo ya que “no hay que discutir la reivindicación de un pueblo en el ámbito penal. No usurpan campos y hay varios casos como Tracaleo que se imputó al lonco y no se lo lleva por su cargo sino como individuos. Esto sucedió en la Fiscalía de Sarmiento que ha llevado a muchas personas a título individual, y no se le reconoce la incidencia colectiva”, afirma la abogada.
“Entonces el gran problema sigue siendo que los reconozcan como tal, y no que los estigmaticen como militantes políticos, porque hay un marco jurídico que los ampara. Que haya una parte de la sociedad que no lo comprenda, que no lo quiera entender, es otra cuestión”, finalizó.

Fuente: Patagónico, CELS, UNPSJB