El 12 de marzo, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) llevó a cabo un ataque incendiario que pasará a la historia como uno de los más destructivos de los últimos 27 años en La Araucanía.

Esa madrugada, al interior de la empresa de transportes Cavalieri ubicada en la ruta que une Temuco y Lautaro, un grupo de mapuches encapuchados quemó 19 camiones, nueve rampas y un galpón. “Esta acción se enmarca en el justo proceso de lucha por el territorio y la autonomía de nuestro Pueblo Nación”, señaló el grupo a través de un comunicado.

Recién 19 días más tarde, el gobierno decidió aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los miembros de la CAM, agrupación creada en 1998, que fue desarticulada parcialmente en 2002, y que ha tenido una suerte de revival en sus actos violentistas en los últimos meses.

De hecho, fue tal la magnitud del daño causado por ese último ataque incendiario, que La Araucanía sufrió su peor marzo desde 1990, según el catastro de violencia en la zona que realiza Libertad y Desarrollo (LyD) desde ese año.

El mes pasado ocurrieron siete atentados incendiarios en la región atribuidos a la causa mapuche, en los que se destruyeron total o parcialmente 48 vehículos e inmuebles (26 camiones, siete acoplados, tres galpones, dos casas, cinco máquinas forestales, un tractor, tres oficinas y un cargador frontal).

La cifra es particularmente alta si se considera que en marzo de 2016 ocurrieron seis ataques incendiarios, pero con sólo 11 vehículos o inmuebles destruidos.

“Los episodios de violencia en La Araucanía son cada vez más intensos. No necesariamente más frecuentes, pero sí más dañinos”, señala Antonia Vinagre (en la foto), investigadora del programa Sociedad y Política de LyD.

¿La razón? A juicio de la experta, gran parte de la responsabilidad es de las autoridades.

“La situación en La Araucanía se torna cada vez más crítica y no existe espacio de duda respecto de la naturaleza terrorista de las acciones perpetradas por organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). La indefinición de la autoridad respecto de considerarlas o no acciones de carácter terrorista, ha dado espacio para la impunidad y la escalada de violencia que sólo repercute en deprimir aún más las condiciones para la vigencia de la paz social y del Estado de Derecho en la región”, sostiene.