El Código de Tierras que impulsa en Río Negro el gobierno de Alberto Weretilneck generó un cruce con los pueblos originarios mapuches, cuya ala más radical reclama que se les reconozcan 5 millones de hectáreas de las 20 millones que comprenden la provincia.

La polémica se desató con la iniciativa del oficialismo de Juntos somos Río Negro, que busca modernizar una ley de 1961 de adjudicación de tierras fiscales a quienes demuestren permanencia en el lugar.

La espiral generó una marcha de rechazo de los mapuches desde Bariloche hasta Viedma (800 kilómetros) y una reunión con funcionarios de Weretilneck. En el entorno del gobernador no le ven salida a una negociación porque, dicen, los mapuches quieren más tierras que las fiscales (unas 4 millones de hectáreas que hoy son del Estado) y en sus posiciones más extremas pretenden que se reconozcan todas las tierras preexistentes incluso al estado nacional, siempre que hayan sido ocupadas por pueblos originarios, aunque hoy estén en manos de privados.

“Se enmarca en el concepto de estado mapuche, motivando región Araucania de Chile”, dijo un hombre cercano al gobernador, sorprendido por la presencia de la cadena de televisión árabe Al Jazeera en la cobertura de la marcha mapuche, que hoy cuenta con más de cien comunidades censadas.

En el gobierno rionegrino acusan a la facción que pretende volver a una situación anterior al siglo XIX de provocar episodios violentos en la municipalidad de El Bolsón, con quema de oficinas con bombas molotov, y de incendiar una casa en un campo del polémico magnate inglés cercano al presidente Mauricio Macri, Joe Lewis. Allí, en el Puesto del Pinar de la estancia Lago Escondido, ataron al peón, lo golpearon y efectuaron disparos para amenazarlo. El hecho fue reivindicado por el grupo Resistencia Ancestral Mapuche, que dejó leyendas de “fuera winka (blanco)” en la propiedad.

La ley de 1961 tenía orientación colonialista: fomentar el arraigo y el asentamiento de familias que se dedicaran a la actividad rural, ganadera o forestal. Y el proyecto oficial, que aún no se debatió en la legislatura, contempla incorporar nuevas actividades para quienes tengan 20 años de tenencia ininterrumpida en los casos de adjudicación directa.

Se agregan así a quienes se dediquen, por ejemplo, a emprendimientos turísticos, a la micro minería o a las nuevas tecnologías. También se abre la posibilidad de otorgar títulos a clubes, asociaciones civiles, cooperativas o a quienes tengan un emprendimiento en zona rural pero que vivan en pueblos cercanos.

“No se ignora la legislación indígena; las normas consagradas se mantienen y no se alteran. De hecho, se prevé que cualquier inmueble que haya sido objeto de reclamo indígena ante cualquiera de los tres poderes quede fuera del régimen de regularización”, manifestaron desde despachos oficiales. Pero en el gobierno no encuentran puntos de posible acuerdo si los mapuches persisten en “negar el estado provincial y la Constitución Nacional”.

Si bien el proyecto está en la Lesgislatura, los pueblos originarios esperan que se vuelva atrás y que se paralice el texto. El oficialismo está dispuesto a demorar el tratamiento y que se realicen cambios, pero no un retroceso a foja cero.

“Podemos incluir otorgar títulos bajo la figura legal de la propiedad comunitaria, si bien la mayoría de los descendientes mapuches prefieren tener el título individual. Lo que no podemos hacer por un reclamo de pueblos originarios es discriminar a todos los rionegrinos que no son mapuches”, argumentan en las cercanías del gobernador.

Fuente de la Información: Ámbito