San Juan adhirió al Acuerdo Federal Minero, firmado recientemente entre el Gobierno Nacional y una veintena de provincias (no lo hicieron La Rioja, Chubut, La Pampa y San Luis). El pacto aun debe ser aprobado por el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, pero su concreción logró el consenso entre las provincias sobre aspectos en la reglamentación anterior vigentes desde 1993 y que necesitaban ser reactualizados.

La nueva reglamentación introducirá algunos cambios técnicos vinculados a la tributación y a sumar fondos para la realización de obras ambientales.

Al respecto resultó fundamental el aporte de la experiencia de San Juan que, tras el debate y consenso con el resto de las provincias, permitió la institucionalización de aspectos vinculados a fideicomisos y sistema de liquidación de regalías, por ejemplo. “Hay que mantener la legislación de cada provincia, pero para los proyectos nuevos se va a aplicar el régimen que ya opera en San Juan, algunas venían aplicando un sistema de regalías calculado conforme al valor de boca mina y nosotros sin embargo lo aplicamos sobre el total de la facturación de las empresas. Por otra parte San Juan se ha destacado por constituir en cada uno de sus proyectos mineros en operación, un fondo fiduciario que contiene el concepto de fideicomisos para obras de infraestructura que es el equivalente al 1,5% del total de la facturación de las compañías operadoras, esto muchas provincias no lo tenían institucionalizado o simplemente no existía”, explicó Alberto Hensel, ministro de Minería provincial. El acuerdo actual fijaba como tope el 3% del denominado “valor boca mina”, que surge del precio de venta del mineral menos los costos operativos de tratamiento y comercialización, lo que equivaldría en definitiva al 2,5% del valor de venta del mineral. Con el nuevo acuerdo las provincias podrán cobrar regalías por hasta el 3% “sobre el importe total de ingresos brutos devengados por cada emprendimiento minero, derivados de la comercialización de las sustancias minerales obtenidas en sus respectivos territorios”, según el texto del convenio. “Otros de los aspectos que hemos ampliado es la creación de fondos específicos que atiendan a las alteraciones ambientales generadas por la actividad previsto en la Ley de Inversiones Mineras en su artículo 23. Así como los fideicomisos para infraestructura, también deben existir para el medio ambiente y no algo que sea una registración de tipo contable. Esto es fundamental, sobre todo porque la minería a gran escala ya tiene su trayectoria en el país y algunos proyectos están cercanos a su etapa de cierre de minas, un proceso en el cual el Estado debe participar y ahora se establecieron bases con este acuerdo”, agregó el funcionario minero.

A la luz del nuevo acuerdo y desde la perspectiva de Hensel, para San Juan resulta importantísimo porque representa el consenso con provincias con leyes y posturas restrictivas para la actividad (el caso de Mendoza por ejemplo). “Este pacto también abre la puerta a que podamos avanzar con la Nación en la puesta en marcha de proyectos con potencial, de que podamos trabajar por proyecto en forma conjunta. Este acuerdo federal recibió cuestionamientos incluso desde el sector privado, porque la mirada está en cómo impacta la carga tributaria total, este no es un tema que puedan resolver las provincias, este es un tema en el que la mayoría de los tributos en que debe cancelar la minería son de origen nacional y es allí donde podemos trabajar con la Nación para movilizar proyectos”, dijo Hensel.

Este Acuerdo Federal se concretó luego de idas y venidas entre algunas provincias inicialmente reacias a adherirse. Es el caso de Salta que consideraba que el convenio tenía puntos que atentaban contra las inversiones y que luego garantizó su participación una vez que el Gobierno eliminara del texto el apartado en el que se habilitaba a las provincias a cobrarles a las empresas otro 1% sobre el valor de venta para proyectos que fomenten el desarrollo de las comunidades locales.

El acuerdo había comenzado a elaborarse a fines de 2016 y establece un conjunto de normativas, entre las que se destaca la conformación de un Catastro Minero Unificado y de un Centro Nacional de Información Minera. A continuación, las claves de los nuevos cambios.

En sala. Todos los gobernadores de las provincias que participaron de la firma en el Salón Blanco de Casa de Gobierno junto al presidente Mauricio Macri.

1 Nuevo cálculo de regalías

Con el nuevo acuerdo, las empresas mineras con derechos de explotación deberán pagar a las provincias un máximo de hasta el 3% del valor total de venta del mineral extraído (antes se tomaba el 3% del valor de boca de mina). Esto cambia radicalmente el criterio y la base de cálculo para el cobro de regalías, lo que impactará en una mejora considerable en los ingresos para las provincias. Junto con esto, las provincias van a tener la potestad de fijar regalías más bajas. Esto implica que los proyectos que no sean tan rentables podrán cobrar menos del 3%, tomando como base el cálculo de valor a boca de mina, con la intención de facilitar la llegada de inversiones.

2 Fondo para infraestructura

El nuevo Acuerdo Federal Minero establece que cada provincia donde se realice minería va a cobrar una alícuota extra del 1,5% sobre las ventas totales del mineral extraído para constituir un fondo de infraestructura. Estos recursos deberán ser destinados exclusivamente a financiar obras edilicias allí donde las empresas mineras desarrollan su actividad. La intención del gobierno nacional es dotar con mejores caminos, escuelas o centros de salud a las zonas más alejadas donde se desarrolla la actividad extractiva, sea cual sea la provincia en cuestión.

3 Licencia social y ambiental

El nuevo acuerdo eleva los estándares ambientales y sociales para que la minería pueda desarrollarse. De hecho, las provincias tendrán la potestad de suspender y hasta quitar concesiones mineras a proyectos con reiterados problemas fallas o accidentes con impacto ambiental (hasta tres faltas graves). Además, estará prohibido que los gobiernos provinciales destinen a gastos corrientes los ingresos que reciben de la minería (regalías o fondo de infraestructura). Con esto, las provincias tendrán más poder de control ambiental sobre la minería y serán más transparentes en cuanto al manejo de fondos provenientes de esta actividad económica extractiva no renovable.

4 Generación de empleo

El acuerdo dispone “adoptar medidas de promoción tendientes a hacer atractiva a los empleadores la contratación” de trabajadores autóctonos. Con relación a los proveedores locales, se establece que “a igualdad de condiciones, en precios y plazos, tendrán preferencia” en las compras de las empresas mineras. Durante la firma del acuerdo, el presidente Mauricio Macri alentó al trabajo conjunto del sector minero para la promoción de PyMES ya que “por cada trabajo directo que se crea en minería, se generan cinco indirectos”. La iniciativa también busca garantizar un régimen promocional de inversiones y regular el funcionamiento de las empresas públicas provinciales, para evitar que compitan con ventaja respecto de las firmas privadas.

5 Concesiones y derechos

El nuevo acuerdo establece que las concesiones mineras tendrán vigencia mientras haya existencia de mineral. A su vez, establece que se preservarán las condiciones fiscales, por períodos de 30 años, de acuerdo con lo que establece la Ley de Inversiones Mineras. En este punto cabe recordar que la administración de Macri alentó a la inversión eliminando las retenciones que se le habían impuesto al sector en concepto de exportaciones (desde 5 y hasta 10 por ciento según el tipo de mineral) a las pocas semanas de asumir la presidencia.

6 Educación

Nación y Provincias se comprometieron mediante el nuevo acuerdo a desarrollar acciones conjuntas entre los ministerios de educación para lograr incorporar a la currícula de los niveles primarios y secundarios temas relacionados a: a) constitución geológica del territorio nacional y provincial; b) productos mineros que se generan en el país y las provincias y su utilización en la vida cotidiana; c) importancia del sector minero en la economía nacional y regional; y d) regulación ambiental de la actividad.

El objetivo principal es que la comunidad educativa reciba conocimientos sobre la actividad minera con fundamentos científicos y así contribuir a una mejor y certera información de la sociedad.

7 Centro de Información Minera Nacional

En pos de una Política de Estado Minera sustentada en el federalismo, se estableció la sistematización, organización, estandarización y provisión recíproca de información para la conformación de un Centro de Información Minera Nacional. Así, las provincias compartirán con la Secretaría de Minería la información sobre la actividad minera en sus respectivos territorios y referencias de índole geológica, socio ambiental, catastral minera, económica y de proyectos.

8 Sistema de Registro y Catastro unificado

Será con el fin de estandarizar a nivel nacional, los sistemas y procesos de registración de derechos, propiedades y trámites mineros, su presentación en forma gráfica y la digitalización de los respectivos expedientes. El registro será de acceso público online, con información geo-referenciada de las concesiones mineras de todas las categorías, incluirá información relacionada con el estado legal, los datos del solicitante, número de expediente, etc. de cada derecho minero solicitado o en trámite y aportará la información catastral de base al Centro de Información Minera nacional.

9 Equipo Consultivo en Gestión Ambiental Minera

Funcionará en el ámbito del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) y del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) y estará dirigido por una Comisión con representación de los gobiernos Nacional y Provinciales. Su fin será promover la adopción de las mejores prácticas en la gestión ambiental minera en todas sus etapas, incluyendo las de prospección, exploración, construcción, producción y hasta post-cierre. Será de consulta obligatoria en todos los procedimientos judiciales que versen sobre, o involucren, materias ambientales-mineras, sean éstos de competencia federal o local.

10 Agroindustria y Minería

Se adoptarán medidas que privilegien y profundicen la interrelación y complementariedad entre los sectores agroindustriales y minero. Para ello se coordinarán acciones entre el Consejo Federal Agropecuario y el Ministerio de Agroindustria de la Nación, en temas como elaboración de estrategias de desarrollo y encadenamiento productivo; generación de “clusters” en ubicaciones estratégicas para la provisión de insumos minerales al sector agroindustrial; uso compartido y complementario de recursos naturales (agua y suelo) y promoción de las condiciones necesarias para la producción de minerales de uso agrícola.

11 Catálogo de rocas de aplicación y minerales industriales

Por su rol fundamental en el desarrollo de la infraestructura nacional (vial, tendidos ferroviarios, viviendas, escuelas y hospitales) y de diversas industrias del país (del papel, plásticos, cosmética, pinturas, caucho, cerámicas, vidrios, cemento), se establecerá un “Catálogo de rocas ornamentales y minerales industriales”, dividido en regiones de interés y contemplando tipo de material, ubicación catastral, calidad y usos, así como los beneficios de usar un producto nacional. Se asesorará a los productores sobre la implementación de sus materiales y su calidad.

12 Programa para el Desarrollo Local

Nación y Provincias acordaron desarrollar un Programa Minero para el desarrollo local a fin de abordar la relación entre proyectos mineros y el desarrollo de las comunidades aledañas. El programa pondrá especial atención a las genuinas preocupaciones, intereses y anhelos de las comunidades, articulando sinergias positivas entre ellas y los emprendimientos instalados en el área de influencia. La intención es fomentar y estructurar el diálogo entre las comunidades y el Estado (nacional, provincial y municipal) para maximizar los beneficios y minimizar los posibles impactos negativos.

 

Fuente: Por Leonardo Quiroga para www.diariodecuyo.com.ar