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La Pampa.-Finalmente llegó el momento tan esperado. La Corte Suprema de Justicia convocó a los gobiernos de La

Pampa y Mendoza a intentar un acuerdo mediante el diálogo por el uso de las aguas del río Atuel. Si esa instancia fracasa, el tribunal emitirá una sentencia.
Así lo establecieron los integrantes de la máxima instancia judicial del país al rechazar las dos objeciones planteadas por los mendocinos de carácter formal. Con absoluta claridad, la CSJ resolvió, en coincidencia con el dictamen de la Procuración General, abocarse al tema señalando que, de no hacerlo, la provincia cuyana podría erigirse en “juez y parte de su propia causa”.
En realidad, los pampeanos no tienen demasiada expectativa en el resultado de la audiencia de conciliación del próximo 14 de junio aunque, desde luego, ahí estarán los representantes legales, políticos y los amicus curiae que defienden la vieja causa por las aguas del río robado. Es muy conocida, por haberla sufrido durante décadas, la estrategia dilatoria de los cuyanos, su empecinamiento en negar la catástrofe ambiental y humana provocada en una extensa región del oeste de nuestra provincia y sus procedimientos sinuosos cuando debieron sentarse a dialogar con su contraparte pampeana. Fueron muchos, demasiados, los años que se perdieron por seguir la llamada “vía diplomática” mientras el desierto seguía creciendo y profundizándose el despoblamiento de lo que antaño había sido un extenso y rico sistema hídrico.
Si bien el fallo de la Corte del año 1987 había dejado fuera de toda duda el carácter interprovincial del Atuel, una de sus disposiciones -establecer un área de prioridad de riego exageradamente grande y nunca alcanzada por Mendoza- sirvió de muralla a los cuyanos para no ceder una gota de agua. Pero también otra de las resoluciones -mejorar la bajísima eficiencia de riego para aumentar la disponibilidad de caudales-, fue ignorada y usada en el mismo sentido mezquino por los “hermanos” mendocinos.
Hoy la realidad es muy distinta. El cuidado del ambiente tiene rango constitucional, desde la reforma del año 1994, y a tono con ese valioso antecedente surgió una legislación ambiental que prioriza el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. La propia Corte Suprema y muchos tribunales de todo el país han establecido un rumbo y alimentado una jurisprudencia que genera optimismo entre los pampeanos.
El caso del Atuel es paradigmático. No existe otro de su dimensión en todo el territorio nacional. Tanto por el descomunal daño provocado al ambiente y a los pobladores de una extensa geografía regada por dos ríos, como por enfrentar a dos Estados provinciales. La Corte se ha mostrado consciente de la gran relevancia del caso que hoy tiene entre manos pues, al resolver la convocatoria a la audiencia de conciliación habló del “resguardo” del “delicado equilibrio del sistema federalista” a fin de asegurar “la armonía y el respeto recíproco de los Estados provinciales”. Es justamente el cumplimiento de esas premisas lo que ha venido reclamando, por décadas y hasta ahora infructuosamente, la provincia de La Pampa.

Fuente: Diario La Arena